Pedro Sánchez destina 5,2 millones de euros a Mozambique para luchar contra la corrupción
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha destinado más de 5,2 millones de euros a distintos programas de cooperación en Mozambique orientados a combatir la corrupción institucional y fortalecer los mecanismos de transparencia en el país africano.
La información, difundida recientemente por diversos medios nacionales, señala que los fondos han sido repartidos en varios contratos adjudicados desde el año 2022. Los proyectos incluyen tareas de asistencia técnica, seguimiento institucional, formación de funcionarios y apoyo a organismos públicos mozambiqueños encargados de supervisar la gestión pública y prevenir prácticas corruptas.
Según la documentación publicada, parte importante de estos recursos económicos habría sido canalizada mediante consultoras externas y empresas especializadas en cooperación internacional. Entre las actuaciones financiadas se encuentran labores de evaluación, coordinación y asesoramiento técnico dentro del programa denominado “Apoyo al combate a la corrupción en Mozambique”.
Las cifras han generado un intenso debate político en España. Sectores de la oposición cuestionan la prioridad de destinar millones de euros al extranjero mientras persisten problemas económicos y sociales dentro del país, como la inflación, la presión fiscal o las dificultades de acceso a la vivienda.
Por su parte, el Ejecutivo defiende que la cooperación internacional forma parte de los compromisos adquiridos por España en materia de desarrollo, gobernanza y fortalecimiento institucional en países socios. Desde Exteriores sostienen que la lucha contra la corrupción es un elemento clave para fomentar la estabilidad política y económica en regiones en vías de desarrollo.
Mozambique, uno de los países más pobres del mundo pese a sus importantes recursos naturales, arrastra desde hace años numerosos escándalos relacionados con corrupción pública y mala gestión financiera. Organismos internacionales han advertido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de reforzar la transparencia administrativa y mejorar los mecanismos de control institucional.
La polémica vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el destino de los fondos públicos y el alcance de la cooperación exterior española, especialmente en un contexto marcado por la presión presupuestaria y el creciente escrutinio político sobre la corrupción del Ejecutivo.












