La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra ha colocado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una de las mayores controversias políticas y judiciales de los últimos años en España. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por presunto tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021.

Zapatero y su entorno más cercano habrían recibido cerca de dos millones de euros a través de diferentes sociedades vinculadas a una compleja estructura empresarial. Parte de esos fondos habría sido transferida a Whathefav SL, empresa administrada por sus hijas, mientras otras cantidades habrían llegado directamente al exmandatario mediante compañías como Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads.

La resolución judicial sostiene que la trama utilizó contratos de consultoría presuntamente elaborados para justificar pagos y ocultar el verdadero origen del dinero. La investigación también detectó la creación de una sociedad offshore en Dubái pocos días después de firmarse un contrato relacionado con el rescate de Plus Ultra, lo que refuerza la sospecha de un posible mecanismo de ocultación de fondos en el extranjero.

Otro de los elementos más sensibles del caso es que algunos investigados habrían conocido la concesión de la ayuda antes de su aprobación oficial por parte de la SEPI. Además, el juez considera que existió una red de influencias tanto en España como en Venezuela para favorecer operaciones de la aerolínea.

El caso marca un hecho inédito en la política española: un expresidente del Gobierno deberá responder ante la Justicia en calidad de investigado por una presunta trama de corrupción vinculada al uso de fondos públicos.