Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo para gobernar Extremadura en coalición los próximos cuatro años. Marcha atrás después aquella la ruptura de todos los gobiernos autonómicos que ordenó Santiago Abascal allá por verano de 2024.

El entendimiento ha sido posible a pesar de la permanente beligerancia de Vox contra el PP, el bloqueo a sus barones, que derivó en consecutivos adelantos electorales, y las desconfianzas mutuas. Pero ahora toca ir juntos de la mano. Otra vez.

El pacto extremeño marca un nuevo punto de partida y, con respecto a las alianzas del pasado, introduce novedades: Vox renuncia a su agenda más ideológica en materias como igualdad o género y se centra, sobre todo, en la inmigración, el capítulo donde el PP más cede. Especialmente, con la introducción de un concepto que está generando polvareda.

“Prioridad nacional” es la figura retórica que el PP le regala a Vox para su batalla política. La teoría que difunden los mandos del partido verde ante su parroquia es que, a partir de ahora, los españoles tendrán preferencia con respecto a los inmigrantes en la concesión de ayudas o prestaciones sociales.

Pedro Sánchez no ha tardado en aferrarse al sintagma para atizar a PP y Vox y convencer a su parroquia de que las derechas, como de costumbre, lo que firman es suprimir derechos. En este caso, a los inmigrantes. Anunció ayer el presidente del Gobierno recurrir “con toda la fuerza del Estado” si es que verdaderamente llegara a ser cierta la literalidad de lo que figura en el pacto extremeño.
Antelo carga contra Vox

Son los propios críticos de Vox los que desmontan la teoría de la “prioridad nacional” que, como publica hoy LA RAZÓN, no dejará a ningún inmigrante que se encuentre en situación legal sin ayudas. Haciendo referencia a la información publicada por este diario, el que fue presidente del partido en la Región de Murcia y vicepresidente autonómico, José Ángel Antelo, ha escrito en su cuenta de X: “Lo que llaman ‘prioridad nacional’ realmente es ‘prioridad para los empadronados’ y depende de como lo hagan pueden excluir a españoles de otras comunidades”.

Se refiere, en concreto, al siguiente punto del documento programático: “Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Es decir, que se establecerá un requisito de antigüedad en el territorio, “basado en empadronamiento histórico” para la compra y el alquiler de una vivienda protegida. Lo cual no excluye a los inmigrantes legalizados que lleven el tiempo establecido. Es más, quienes podrían quedarse fuera de las ayudas son tanto los inmigrantes como los españoles que no acrediten un tiempo mínimo empadronados en la región.

A juicio de cargos de Vox que antaño ocuparon puestos relevantes en el organigrama, la “prioridad nacional”, en realidad, es “una estafa”. Porque, a diferencia de lo que vende la actual cúpula del partido, los inmigrantes seguirán recibiendo ayudas.