Antelo planta cara a Vox e interpone un recurso de alzada contra su expulsión y Garre compara al Comité de Garantías con el régimen de Corea del Norte
Nuevo capítulo en el proceso de expulsión de José Ángel Antelo de Vox. El expresidente de la formación y portavoz en la Región de Murcia hasta el pasado mes de marzo, ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución del Comité de Garantías de la formación que desestimó “íntegramente” el documento presentado y certificó la sanción. La decisión fue secundada por la Ejecutiva Nacional.
Según fuentes próximas al entorno de Antelo, el escrito dirigido al Comité Ejecutivo Nacional señala que el proceso de expulsión no se encuadra ni en los “fundamentos del Derecho ni la normativa interna aplicable”. Recurriendo a la garantía de la libertad de expresión y opinión promulgadas en el manifiesto de Vox con el que se “aceptaron como parte fundamental de su capital político”, Antelo denuncia la “grave omisión” de un mandato político y normativo. La argumentación ya fue presentada en el primer recurso.
Con el objetivo de resolver su expulsión y siguiendo con las potestades recogidas en la Constitución, la misiva también se fundamenta en un presunto conflicto de intereses que afectan a la imparcialidad y la objetividad de los órganos directivos. En este sentido, se apunta a la figura de la vicesecretaria nacional para la acción de la formación, Montserrat Lluis Serret, que “no es una tercera ajena al conflicto”, autora de la primera denuncia que aceleró el proceso.
Tal y como ha podido confirmar este diario, la herramienta utilizada se encuentra regulada por el Ministerio de Justicia y recoge la posibilidad de recurrir los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior que los dictó. El plazo se desplaza desde el día siguiente hasta un mes desde la fecha en que se produzca el acto. La resolución podría llegar hasta en un plazo de tres meses. Antelo lamenta que el recurso de alzada vaya a ser resuelto por el Comité Ejecutivo Nacional; el mismo órgano en cuyo seno se integra la persona denunciante.
En una entrevista concedida al ‘Confidencial’, el expresidente del Comité de Garantías y abogado, José Garré, ha valorado su salida de la formación y la deriva del Comité de Garantías que bautizó como “el comité de purgas” apuntando al hermético régimen de Corea del Norte. La salida de Espinosa de los Monteros y el nombramiento de Monserrat Lluís fueron el punto de partida de las denuncias. “Casi todas” fueron firmadas por Lluís.
Influencia similar se esboza sobre la llegada de la nueva dirección. “Se nombró a comisarios políticos sin cumplir los requisitos de afiliación… Al principio no hubo mucha injerencia, pero todo cambió con el primer expediente contra Iván Espinosa de los Monteros. Hubo mucho interés en que se resolviera con una expulsión”, relató el antiguo miembro de la formación lamentando la entrada de una persona del equipo jurídico en la Ejecutiva. Desde las entrañas de la formación el relato ha sido desdeñado y Garré es tratado como “un traidor”.
Recogiendo el testigo y con la mosca detrás de la oreja sobre la figura de Montserrat Lluís, Antelo muestra su preocupación ante las influencias sobre un “órgano contaminado” que deberá dictaminar la nueva resolución. “El problema es evidente y no necesita maquillaje… No hay garantía real de distancia, ni de neutralidad, ni de ajenidad respecto del conflicto”, reza el escrito.
Antelo reclama la revocación de su expulsión
Pese a la insistencia y las polémicas salidas que se ciernen sobre Vox desde hace años, de cara a la esfera pública el jefe de filas a nivel nacional, Santiago Abascal, siempre ha querido pasar desapercibido sobre las ‘purgas internas’ en la formación con sede en Bambú. “La novela no le interesa a los españoles”, aseguró en el seno de la campaña de Castilla y León.
Con cierto miedo e incertidumbre por las sospechas sobre el órgano competente, el expresidente de la formación en la Comunidad de Murcia, José Ángel Antelo, ha reclamado la admisión siguiendo los trámites oportunos. El objetivo es la revocación de su orden de expulsión y la “plena restitución de su condición de afiliado” y los derechos correspondientes. Si no se estima “íntegramente” el recurso presentado se volverá a recurrir a la nulidad de la decisión.












