El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a su asesor Kiko Méndez-Monasterio, en una imagen de 2019

La última acusación llega del exlíder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha señalado que el líder nacional de la formación, Santiago Abascal, se lucra con el partido. Precisamente, García-Gallardo es otro de los purgados que hace este tipo de declaraciones, después de que Macarena Olona hablara de un desvío del partido a la fundación Disenso de 11 millones.

No obstante, la lista de purgados haciendo acusaciones de irregularidades económicas no termina aquí. Entre ellos, Javier Ortega Smith, que se encargaba de aprobar los gastos o Iván Espinosa de los Monteros, quien este miércoles ha reconocido que le preocupa el uso del dinero en la formación en cuya fundación tuvo un rol principal.

En definitiva, desde el inicio del partido ha habido acusaciones de descontrol, de irregularidades, de anomalías en los números más ‘verdes’. Y es que el partido con sede en la calle madrileña de Bambú se fundó gracias al millón de euros que -según ‘El País’- donó la oposición iraní en el exilio. De esta manera, consiguieron el 80% de los fondos con los que se estrenaron en el Parlamento Europeo.

Seis años más tarde, llegaría la campaña que les hizo estallar en la política nacional y con ello, el dinero público a sus arcas. Fue entonces cuando surgieron las primeras dudas sobre su forma de financiarse. Unas donaciones que supervisó a posteriori el Tribunal de Cuentas, el cual impuso cuatro multas que el partido recurrió y terminaron archivadas. Ante ello, Santiago Abascal negó en su momento cualquier tipo de irregularidad y cargó contra el precitado tribunal asegurando que estaba politizado.

Pero, los vínculos de Abascal con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a estudiar las cuentas del partido por, presuntamente, vulnerar la Ley de Financiación. Unas pesquisas que se iniciaron al observar la ocultación de dos préstamos de unos siete millones de euros cada uno con los que un banco húngaro habría financiado sus últimas grandes campañas. Se trataría de las de las elecciones generales de 2023 y de las europeas de 2024. La investigación, no obstante, quedó archivada ante la falta de indicios.

Ahora, García-Gallardo señala tanto al asesor de cabecera de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, y Gabriel Ariza. Los apunta porque sería a través de sus sociedades por las que parasitan los recursos económicos del partido, es decir, dinero público. De hecho, hasta sus juventudes, Revuelta, han tratado de sacar tajada de algo más grave: de las ayudas para las víctimas de la DANA, cuyos fondos desviaron.

Un asunto ante el que el propio partido tuvo que presentar denuncia, y que se suma a un último episodio desvelado por ‘La Razón’: estarían monetizando datos privados de sus afiliados para vender cursos de sus gurús que, por supuesto, no están homologados en un instituto vinculado a la consultora de Méndez-Monasterio y Ariza hijo.