En medio de las crecientes críticas al manejo de la inmigración ilegal en Europa y a la política migratoria aplicada en España bajo el gobierno de Pedro Sánchez, una investigación policial reveló un caso que expone fallas graves en el sistema de protección de menores en Canarias. El episodio se inscribe dentro de un contexto más amplio de saturación de los centros de acogida y dificultades para controlar movimientos dentro del sistema. El caso se enmarca en la denominada Operación Timanfaya, desarrollada por la Policía Nacional, que permitió desarticular una organización con ramificaciones en varios países y dedicada al traslado ilegal de menores desde Canarias hacia distintos puntos de Europa.

Según la investigación, una inmigrante subsahariana de 36 años que se hacía pasar por mena logró infiltrarse en un centro de menores de Lanzarote y habría facilitado la salida de al menos 13 jóvenes del sistema de protección para integrarlas en una red internacional vinculada a la trata. Las pesquisas comenzaron tras detectarse desapariciones reiteradas en un centro ubicado en Arrecife. A partir de allí, los agentes empezaron a observar a una supuesta menor que ejercía una influencia notable sobre el resto de chicas. Su comportamiento y liderazgo despertaron sospechas, que terminaron confirmándose cuando se descubrió que en realidad se trataba de una persona adulta con un papel clave dentro de la organización.

De acuerdo con los investigadores, esta mujer persuadía a las jóvenes para abandonar el centro y trasladarse a viviendas donde permanecían durante horas. En esos pisos se organizaba la siguiente fase del traslado, que incluía la obtención de documentación falsificada para poder salir del país. Uno de los mensajes encontrados en su teléfono móvil refleja el alcance de su accionar dentro de la red. En él llegó a afirmar: «Ya he vaciado el centro de niñas».

El itinerario diseñado por la organización comenzaba con el traslado hasta el aeropuerto de Lanzarote, donde otro miembro facilitaba documentos y elementos para modificar la identidad de las menores. Desde allí volaban a Madrid, donde eran recogidas por colaboradores que posteriormente las acompañaban hasta estaciones de transporte para continuar el viaje hacia Francia, aunque los investigadores no descartan la existencia de otros destinos finales dentro de Europa.

La red contaba con una estructura internacional consolidada. Según la investigación, se han identificado apoyos logísticos en Marruecos para el traslado inicial hacia Canarias y conexiones en Costa de Marfil para la elaboración de documentación falsa. En territorio español, la organización disponía de recursos para alojar temporalmente a las menores y coordinar su desplazamiento.

A día de hoy, el paradero de varias de las jóvenes continúa siendo desconocido. Entre las hipótesis que manejan los investigadores se contemplan posibles casos de explotación laboral, matrimonios forzados o prostitución. Además, el hallazgo de material sensible en el teléfono de uno de los implicados reforzó algunas de estas líneas de investigación. Durante el operativo, la policía logró interceptar en el aeropuerto a las últimas tres menores antes de que abandonaran el país. Entre ellas se encontraba la mujer que se hacía pasar por menor, quien fue detenida. Las otras dos jóvenes regresaron al centro, aunque posteriormente intentaron huir nuevamente aprovechando los periodos de salida permitidos.

Uno de los principales obstáculos para la actuación policial, según trascendió en la investigación, ha sido el propio funcionamiento de los centros de protección. Estos espacios no son instalaciones cerradas, lo que permite que los menores puedan salir en determinados horarios sin supervisión constante.

Tal como explicó la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, se trata de recursos abiertos concebidos como hogares y no como centros de internamiento.

Este modelo, sumado a la saturación del sistema —que llegó a acoger a cerca de 6.000 menores en un dispositivo pensado para aproximadamente 1.500— ha dificultado el control de posibles fugas. En muchos casos, las desapariciones no se detectaban hasta el día siguiente, cuando ya resultaba complicado reaccionar.