En la España de 2025-2026, criticar el feminismo radical, cuestionar narrativas oficiales sobre inmigración o rechazar la agenda LGTBI oficial ya no es opinión: es “delito de odio”. Y el verdugo favorito de los inquisidores progresistas es el artículo 510 del Código Penal, esa arma jurídica tan vaga, tan elástica y tan selectiva que permite convertir cualquier comentario incómodo en un linchamiento judicial o digital.

Mientras los verdaderos discursos de odio —contra hombres, contra españoles, contra la familia tradicional o contra cualquiera que se atreva a decir que la inmigración descontrolada tiene costes— campan a sus anchas en redes y televisiones públicas, tres voces incómodas están siendo aplastadas con saña: la abogada y youtuber Cristina Seguí, la abogada y youtuber Begoña Gerpe y el comunicador gay de derechas Isaac Parejo, InfoVlogger.

El mensaje es claro: o aplaudes el dogma woke o te arruinamos la vida.