La indignidad de anteponer los votos a la sumisión femenina: El Gobierno de Melilla (PP) se desmarca del apoyo de su partido a la prohibición del niqab y el burka
El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda.
En política hay decisiones equivocadas. Y luego están las decisiones moralmente indecentes. Lo que está ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Melilla con el debate sobre el burka pertenece claramente a la segunda categoría.
El gobierno local del Partido Popular ha dejado claro que no piensa enfrentarse al uso de velos integrales, escudándose en la libertad religiosa y la convivencia multicultural.
Fadela Mohatar, vicepresidenta segunda y consejera de Cultura, ha reconocido desconocer “toda la información sobre la propuesta” y ha admitido tener que verla “en profundidad” para poder opinar de ella. Sin embargo, ha señalado que la propuesta se refiere a una “invisibilización completa”.
“Estamos hablando de otros ámbitos que quizá tienen un cruce o entorpecen algo de la seguridad” ha aclarado Mohatar, también Vicesecretaria de Comunicación del PP de Melilla. Este partido se opuso a una propuesta también planteada por Vox en la Asamblea el pasado mes de diciembre “porque hablaba también del velo islámico”, recoge EFE.
De esta forma, ha reiterado la postura del PP, afirmando que “ni el Gobierno local ni el Partido Popular, por supuestísimo, van a declarar nada en contra del velo islámico como aquí ciertas formaciones políticas intentaron hacer”.
El problema es que aquí no estamos hablando de un pañuelo, ni de libertad individual en abstracto. Estamos hablando de una prenda que oculta completamente el rostro de una mujer y que, en gran parte del mundo islámico, está asociada a sistemas de control patriarcal y desigualdad estructural. Negarlo no es tolerancia: es cobardía política.
El cálculo electoral por encima de los derechos
Melilla tiene una realidad demográfica compleja, con una importante población de origen musulmán. Precisamente por eso la tentación electoralista es mayor: ningún partido quiere perder votos en un equilibrio político frágil de cara a las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027.
Pero cuando un gobierno decide mirar hacia otro lado ante símbolos de desigualdad por miedo a perder apoyo electoral, deja de gobernar para todos y pasa a gobernar para conservar el poder.
El mensaje implícito es devastador: hay principios —como la igualdad entre hombres y mujeres— que pueden negociarse si el rédito electoral lo compensa.
La contradicción es aún más evidente porque el propio presidente melillense, Juan José Imbroda, mostró apoyo a iniciativas contra la “invisibilidad de la mujer” en espacios públicos, mientras desde su gobierno se lanzaban mensajes opuestos.
No es una discrepancia ideológica: es una señal de improvisación y oportunismo.
Defender la convivencia no puede significar aceptar cualquier práctica sin debate. Europa lleva años discutiendo el uso del burka precisamente porque entra en conflicto con valores democráticos básicos. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido restricciones en determinados contextos públicos cuando se justifican por convivencia social.
Es decir: no se trata de islamofobia, sino de derechos civiles.
Lo más grave es que, en este debate, desaparecen las propias mujeres afectadas. Escritoras y especialistas han advertido que el burka puede funcionar como una forma de presión social y control sobre otras mujeres de la comunidad.
Pero en Melilla parece importar más la aritmética electoral que la libertad real de quienes viven bajo esas normas.
Cuando un gobierno antepone el cálculo de votos a la defensa de valores fundamentales, no está practicando tolerancia: está practicando clientelismo cultural.
Melilla merece una política valiente, capaz de defender la libertad religiosa sin renunciar a la igualdad. Lo que tiene ahora es algo peor: dirigentes que prefieren no incomodar a nadie, aunque eso signifique normalizar la desigualdad.
Y esa no es convivencia. Es rendición.
