Durante décadas, el debate sobre los servicios públicos ha estado dominado por la idea de que el Estado debe ser el principal —o incluso único— garante de derechos básicos como la sanidad y la educación. Sin embargo, esta visión, aunque bienintencionada, ignora una realidad evidente: los sistemas públicos, cuando operan sin competencia real, tienden a la ineficiencia, la burocratización y la falta de incentivos para mejorar. Frente a ello, la iniciativa privada ofrece una alternativa basada en la innovación, la responsabilidad y la libertad de elección.

Uno de los principales problemas de los sistemas públicos es la ausencia de incentivos. Cuando un servicio está financiado vía impuestos y gestionado por estructuras administrativas rígidas, el usuario deja de ser un “cliente” con capacidad de decisión y pasa a ser un “beneficiario” pasivo. Esto reduce la presión para mejorar la calidad, acortar tiempos de espera o introducir avances tecnológicos. En sanidad, por ejemplo, las listas de espera prolongadas son una constante en muchos sistemas públicos europeos, incluido el de España, mientras que los centros privados suelen competir precisamente en rapidez y atención personalizada.

La educación pública sufre problemas similares. Los sistemas centralizados tienden a uniformar la enseñanza, limitando la diversidad pedagógica y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes. La educación privada, en cambio, puede experimentar con metodologías, especializaciones y modelos educativos que responden mejor a la demanda social. Además, cuando las familias pueden elegir, los centros educativos —públicos o privados— tienen incentivos para mejorar continuamente.

Otro aspecto relevante es la sostenibilidad financiera. Los sistemas públicos dependen en gran medida de la recaudación fiscal y del ciclo económico. En contextos de envejecimiento poblacional y aumento del gasto sanitario, esto genera tensiones presupuestarias crecientes. Diversos informes de organismos internacionales como la OCDE han advertido sobre la presión que los sistemas de bienestar ejercerán sobre las cuentas públicas en las próximas décadas. Fomentar la participación privada no significa eliminar lo público, sino diversificar fuentes de financiación y reducir la carga sobre el Estado.

Además, la existencia de un sector privado fuerte amplía la libertad individual. La libertad no solo consiste en tener derechos formales, sino en poder elegir entre opciones reales. Un sistema donde todos reciben exactamente el mismo servicio, independientemente de sus preferencias, limita esa libertad. Permitir que quien lo desee acceda a servicios privados —y fomentar su desarrollo— crea un ecosistema más plural y dinámico.

Por supuesto, la intervención pública tiene un papel importante: garantizar el acceso básico para quienes no pueden permitirse alternativas y regular para evitar abusos. Pero eso no implica que el Estado deba monopolizar la provisión. De hecho, la coexistencia de lo público y lo privado, con mayor peso de este último, puede generar un círculo virtuoso de competencia que beneficie a todos los ciudadanos.

En definitiva, apostar por una mayor presencia de la sanidad y la educación privadas no es un ataque a los derechos sociales, sino una apuesta por la eficiencia, la innovación y la libertad de elección. El verdadero objetivo debería ser que las personas reciban los mejores servicios posibles, independientemente de quién los gestione. Y para lograrlo, la competencia y la iniciativa privada son aliados, no enemigos.