María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura. La Razón

AD.- La política exige coherencia, o al menos memoria. Pero en el caso de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ambas parecen haber quedado relegadas frente a la urgencia de alcanzar y mantener el poder. Su trayectoria reciente es un manual de contradicciones que erosiona la credibilidad de su partido y deja en evidencia una preocupante elasticidad de principios.

Durante la campaña electoral de 2023, Guardiola construyó buena parte de su identidad política sobre una línea roja clara: jamás gobernar con Vox. Aquella declaración rotunda —convertida en titular nacional— no era ambigua ni interpretable. Sin embargo, apenas semanas después, la realidad mostró otra cara: el acuerdo con Vox llegó, y con él, la sensación de que la promesa inicial no era más que una estrategia coyuntural.

Tras las elecciones de diciembre ha ocurrido lo mismo. María Guardiola ha pasado del “con Vox no” a querer ahora pactar con Vox a cualquier precio.

El problema no es únicamente el pacto en sí —algo legítimo dentro de las reglas democráticas— sino el brusco cambio de discurso sin una explicación convincente. Guardiola ha pasado de presentar a Vox como incompatible con sus valores a asumir su apoyo como condición necesaria para gobernar. Esa transición, sin autocrítica ni reconocimiento explícito del giro, transmite una idea peligrosa: que las convicciones políticas son negociables cuando los números no cuadran.

Tampoco ayuda el intento de reescribir el relato, insinuando que es en beneficio de Extremadura. La apelación al “interés de la región” suena más a justificación retrospectiva que a argumento sólido. Si el interés general justificaba el pacto, ¿por qué descartarlo con tanta contundencia antes? Y si realmente era imposible gobernar sin ese acuerdo, ¿por qué no decirlo con honestidad desde el principio?

El desgaste no afecta solo a su figura personal, sino también al propio Partido Popular, que se ve arrastrado a una narrativa de oportunismo que contradice el mensaje de estabilidad y responsabilidad que intenta proyectar a nivel nacional. La política española ya sufre un déficit de confianza ciudadana; episodios como este no hacen sino profundizarlo.

Gobernar implica tomar decisiones difíciles y, a veces, rectificar. Pero rectificar sin reconocer el cambio, sin asumir el coste político y sin explicar con claridad las razones, no es pragmatismo: es incoherencia. Y la incoherencia, en democracia, siempre tiene factura.