Miguel Ángel Villaverde.- Hay pocas instituciones públicas cuya credibilidad haya sufrido tanto desgaste en los últimos años como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y no es casualidad. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el organismo demoscópico del Estado ha dejado de ser percibido como un termómetro neutral de la opinión pública para convertirse, cada vez más, en una herramienta política al servicio de un objetivo estratégico: debilitar al Partido Popular fragmentando el espacio de la derecha y alimentando el crecimiento de Vox.

No se trata solo de quién gana en las estimaciones, sino de cómo se construye el relato. Barómetro tras barómetro, el mensaje implícito es el mismo: el PSOE lidera con holgura, el PP se estanca o retrocede, y Vox sube hasta amenazar la hegemonía conservadora. El resultado psicológico es devastador para los populares y extraordinariamente útil para los socialistas.

Más allá del dato demoscópico, el efecto político es evidente: el CIS no solo dibuja un escenario favorable al Gobierno, sino también uno que amplifica la fragmentación del espacio de la derecha. Y ahí reside la clave estratégica.

Las encuestas no solo miden la realidad, también la influyen. Cuando un instituto público publica reiteradamente estimaciones donde Vox crece y el PP retrocede, se producen varios efectos: desmovilización del votante moderado del PP, que percibe debilidad, movilización del votante ideológico de Vox, que ve posibilidades reales de sorpasso y refuerzo del relato del PSOE, es decir, la alternativa al Gobierno sería una coalición con la extrema derecha.

Este último punto es esencial. Para el electorado de centro-izquierda, la mera posibilidad de un gobierno PP-Vox funciona como incentivo de voto útil al PSOE.

Porque la lógica política es evidente. El peor escenario para Sánchez sería un PP fuerte, centrado y capaz de gobernar en solitario o con apoyos moderados. El mejor, en cambio, es un PP debilitado y dependiente de Vox. En ese contexto, el voto de centro-izquierda se moviliza por miedo a la derecha radical, mientras el electorado conservador se divide en una competición interna.

El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo queda así permanentemente cuestionado. Cada encuesta que sitúa a Vox acercándose al PP erosiona su autoridad, alimenta la narrativa de crisis interna y refuerza la percepción de que la alternativa al sanchismo es un bloque inestable y escorado ideológicamente.

Quienes defienden la neutralidad del CIS argumentarán que las encuestas simplemente reflejan tendencias sociales reales. Pero la política no funciona solo con datos, sino con percepciones. Y cuando el organismo público encargado de medir la opinión contribuye de manera sistemática a un clima favorable al Gobierno y perjudicial para su principal rival, la sospecha de instrumentalización resulta inevitable.

El problema de fondo no es demoscópico, sino institucional. Cuando un Gobierno utiliza —o es percibido como utilizando— organismos públicos para obtener ventaja partidista, la confianza en el Estado se deteriora. Y eso tiene un coste democrático que va mucho más allá de una legislatura.

Más que manipulación directa, la cuestión central es el uso político del clima demoscópico. El CIS, bajo el Gobierno de Sánchez, proyecta un escenario donde el PSOE lidera cómodamente mientras la derecha aparece fragmentada y tensionada por el ascenso de Vox.

Si esa imagen se consolida en la percepción social, el objetivo estratégico estaría logrado: debilitar al PP sin necesidad de derrotarlo electoralmente de forma contundente.

Porque en política, a veces, dividir al adversario es más eficaz que vencerlo.