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– El problema no es solo de líneas editoriales discutibles o de sesgos puntuales: lo que muchos profesionales y espectadores perciben en la televisión pública española es algo más profundo, una deriva que convierte a un medio financiado por todos en un instrumento al servicio de una narrativa política concreta. Y cuando esa narrativa coincide sistemáticamente con los intereses del Gobierno de turno —en este caso el de Pedro Sánchez y su partido, el PSOE— la preocupación deja de ser ideológica para convertirse en institucional.

RTVE nació con una misión clara: servicio público, pluralidad y neutralidad. Sin embargo, la percepción creciente es que algunos de sus espacios informativos y programas de actualidad han cruzado la línea que separa la información del activismo político. No se trata de defender que los periodistas carezcan de opinión —algo imposible— sino de exigir que la estructura editorial garantice equilibrio, contraste y distancia crítica con el poder.

Lo más preocupante no es que existan enfoques favorables al Ejecutivo, algo que puede ocurrir en cualquier sistema mediático, sino la repetición de patrones: selección de temas que benefician al Gobierno, tratamiento blando de polémicas que le afectan y una dureza desproporcionada con la oposición. Cuando ese esquema se vuelve previsible, la credibilidad se erosiona.

Además, la televisión pública tiene una responsabilidad democrática superior a la de los medios privados. Un canal privado puede permitirse una línea ideológica clara; un ente público, no. Porque no pertenece a un partido, sino a la ciudadanía. Cada desviación hacia el partidismo es, en realidad, una forma de apropiación de un bien común.

La consecuencia es doblemente dañina. Por un lado, se alimenta la desconfianza social hacia las instituciones mediáticas. Por otro, se perjudica a los propios profesionales de la casa, muchos de los cuales mantienen estándares rigurosos y ven cómo la reputación global del medio se deteriora por decisiones que no controlan.

El debate de fondo no debería ser si existe “activismo sanchista” o “activismo antisanchista”, sino cómo blindar de verdad la independencia de RTVE frente a cualquier gobierno presente o futuro. Sin reformas estructurales en los sistemas de nombramientos y en los mecanismos de control interno, el problema seguirá repitiéndose con distintos colores políticos.

Una televisión pública fuerte no es la que protege al poder, sino la que lo incomoda cuando es necesario. Todo lo demás no es servicio público: es propaganda sanchista pagada por los contribuyentes.