Pedro Morenés.- En pleno siglo XXI, resulta inadmisible que en España miles de ciudadanos sigan sin acceso a una vivienda digna. Mientras los precios del alquiler y la compra se disparan año tras año, el gobierno parece mirar hacia otro lado, incapaz de implementar políticas efectivas que solucionen un problema que afecta a millones.

Es humillante que en un país moderno, con recursos y capacidad económica, millones de ciudadanos no puedan permitirse un techo digno. Jóvenes condenados a pisos compartidos precarios, familias enteras apretujadas en espacios insuficientes, personas mayores obligadas a elegir entre comida o alquiler: esta es la cruda realidad que el gobierno ignora con una frialdad que roza la negligencia criminal.

Los datos son elocuentes: la burbuja del alquiler no cesa, y cada vez más familias dedican más del 40% de sus ingresos a pagar un techo que apenas cubre sus necesidades básicas. Los jóvenes, condenados a la precariedad laboral, ven cómo sus sueños de independencia se esfuman ante la especulación inmobiliaria y la falta de viviendas sociales.

Las soluciones existen, pero la administración se dedica a discursos vacíos, promesas incumplidas y gestos simbólicos mientras la burbuja inmobiliaria devora los sueños de toda una generación. Cada decreto retrasado, cada subvención que no llega, cada regulación ignorada es un puñal más en el corazón de quienes dependen de políticas públicas efectivas para sobrevivir.

Es imposible no ver esta situación como lo que es: un fracaso sistemático y consciente. El gobierno no solo es incapaz, es cómplice de una crisis que condena a millones a la precariedad. España necesita medidas urgentes, no excusas. Porque vivir dignamente no es un privilegio, es un derecho que este Ejecutivo ha decidido pisotear.

El gobierno no solo es incapaz, es cómplice de una crisis que condena a millones a la precariedad. España necesita medidas urgentes, no excusas. Porque vivir dignamente no es un privilegio, es un derecho que este Ejecutivo ha decidido pisotear.