La vivienda se ha convertido en el mayor fracaso político del Gobierno y, probablemente, en la principal fuente de angustia cotidiana para millones de ciudadanos. Mientras los discursos oficiales hablan de “derecho”, “blindaje social” y “medidas históricas”, la realidad es mucho más simple y devastadora: nunca fue tan difícil acceder a una vivienda digna, nunca fue tan caro alquilar y nunca estuvo tan lejos la emancipación para una generación entera.

Los datos desnudan el relato. Los precios del alquiler baten récord tras récord, la compra es inalcanzable incluso para quienes trabajan a tiempo completo y el parque de vivienda pública sigue siendo ridículo en comparación con los países de nuestro entorno. El Gobierno promete, anuncia, legisla… y fracasa. Fracasa porque confunde propaganda con política pública y titulares con soluciones reales.

La llamada Ley de Vivienda es el mejor ejemplo de este despropósito. Vendida como una herramienta para proteger a los inquilinos, ha generado justo el efecto contrario: retirada de pisos del mercado, contratos más caros y condiciones más duras. Regular sin construir, intervenir sin aumentar la oferta y señalar a propietarios como culpables universales no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. El resultado es un mercado más pequeño, más opaco y más hostil para quien busca un hogar.

Mientras tanto, la vivienda pública sigue siendo una promesa eterna. Décadas de abandono, venta de patrimonio y falta de planificación no se arreglan con anuncios grandilocuentes ni con planes que nunca se ejecutan. El Gobierno habla de miles de viviendas futuras mientras ignora a quienes hoy destinan más del 40% de su sueldo a pagar un alquiler miserable o comparten piso con 40 años porque no tienen alternativa.

Lo más grave no es la incompetencia, sino la desconexión. La sensación de que quienes gobiernan no viven este problema, no lo sufren y no lo entienden. Para ellos, la vivienda es un campo de batalla ideológico; para la ciudadanía, es una urgencia vital. No es un debate técnico ni un juego de consignas: es la diferencia entre tener un proyecto de vida o vivir en permanente precariedad.

El fracaso de la política de vivienda no es casual ni inevitable. Es el resultado de decisiones equivocadas, de falta de valentía para construir, de miedo a molestar a unos y demagogia contra otros. Y, sobre todo, de haber olvidado que gobernar no es señalar culpables, sino resolver problemas.

Mientras el Gobierno siga celebrando leyes que no funcionan y planes que no llegan, la vivienda seguirá siendo el símbolo más claro de su desconexión con la realidad. Un fracaso que no se mide en estadísticas, sino en vidas bloqueadas, proyectos rotos y generaciones atrapadas sin hogar propio.