Ricardo Morado Fajardo.- Salir a la calle y no saber si vas a volver a casa. Esa idea debería ser una exageración retórica, pero ya no lo es. Lo que antes eran advertencias puntuales, derivadas de hechos indiscutibles, hoy forman un coro: negligencias, escándalos, ausencia absoluta de gestión y decisiones políticas que, juntas, componen una atmósfera de riesgo cotidiano para millones de compatriotas que se vuelve irrespirable. No hablo en abstracto, hablo del tren que se descarrila, de la luz que se va y de los casos de corrupción que llenan portadas, vaciando la escasa confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

Que un país, en el siglo XXI, sufra un apagón masivo es una herida difícil de taponar con tecnicismos. El gran apagón del 28 de abril de 2025 puso en evidencia fallos de coordinación, falta de información y una capacidad de respuesta que, a ojos de muchos, resultó, siendo generoso, insuficiente. Millones de personas afectadas, trenes parados, hospitales con dificultades y negocios paralizados. La escena fue la de un Estado desbordado, y la pregunta legítima y urgente, es ¿quién asumirá la responsabilidad política y técnica? Casi un año después, la respuesta es: nadie.

Y mientras España se quedaba a oscuras, las alertas en la red ferroviaria se encendían de nuevo. En cuestión de semanas, los incidentes en líneas y estaciones volvían a poner sobre la mesa una cuestión elemental, la de que la seguridad de los ciudadanos debería estar por encima de la propaganda política. No es sólo indignación, son vidas. El último accidente ferroviario, con un coste humano insoportable, ha reabierto el debate, siempre presente, sobre inversión, mantenimiento y rendición de cuentas del responsable público. Que se pidan auditorías y comparecencias, es lo mínimo que pide cualquier demócrata que ponga por delante la protección del ciudadano. Y, sin embargo, contemplamos la nada más absoluta, entre el temor lógico y el cabreo permanente.

¿Por qué este miedo mezclado con rabia? Porque detrás de estas crisis recurrentes hay patrones muy claros, los de las decisiones partidistas que priorizan apariencias o agendas ideológicas por encima de la eficiencia; recortes o improvisaciones en políticas clave y una cultura de opacidad que favorece la impunidad. Cuando se suceden los escándalos, no solo económicos, también los de conducta y gestión, la sensación general es que la cosa pública se administra como si fuera una cuestión particular y no como la cosa de todos. El resultado es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción y la degradación institucional, que luego se traduce en fallos concretos, que tienen como consecuencia final la ruina y la muerte.

No se trata solo de culpa (que también), se trata de consecuencias concretas; de familias que pierden a seres queridos en un accidente ferroviario, de pequeños comercios arruinados por cortes de suministro y de pacientes atrapados por fallos logísticos en días críticos. Y la herida moral es igual de profunda, porque cuando los ciudadanos sienten que las instituciones no solo fallan, sino que además mienten y encubren, el tejido social se resiente y la desconfianza se instala. En ese momento la convivencia se hace más difícil. No es un problema de color político, es un problema de responsabilidad, porque la obligación mínima de quienes gobiernan es proteger. Cuando ellos fallan, todos pagamos.

Esto exige tres cosas, por puro sentido común: transparencia inmediata (informes públicos y verificables), rendición de cuentas (dimisiones y responsabilidades penales cuando proceda) y, sobre todo, una política de inversión sostenida en infraestructuras y servicios esenciales, no parches propagandísticos. Exigir esto no es “política de oposición por sistema” (el famoso “mopongo” de la cazallera Montero), es exigir que el Estado cumpla su función más básica.

Lo curioso es que algunos de los que hoy claman por reformas han formado parte, en distintas etapas, de decisiones que llevaron a la infrafinanciación o a la desatención de las infraestructuras. La política decente consiste en reconocer errores y corregirlos con urgencia.

Mientras tanto, la retórica oficial (vulgo “relato”) se muestra muchas veces más preocupada por la narrativa que por la eficacia. Cuando un ministro habla de “explicaciones” y no de responsabilidades, cuando se prioriza el marketing institucional sobre la inversión real, la ciudadanía lo percibe como una ofensa añadida, con toda la razón. Esa percepción es terreno fértil para la polarización, para la rabia, y para la tentación de soluciones radicales. La derecha, que reclama responsabilidad, no lo hace para resentir, sino para reparar; para que España vuelva a ser un lugar donde el día a día no sea un riesgo calculado.

Y termino con lo esencial. Mientras haya familias que dependen de que los trenes sean seguros, mientras haya hospitales que dependen de energía estable, mientras dependamos de administraciones que deben responder a la ley y a la decencia moral; pero quienes gobiernen no tengan claro que la vida de los ciudadanos importa más que cualquier interés de partido, en nuestro país, como dice mi querido amigo Juan Jara, ser español, hoy, es un deporte de riesgo.