Ignacio Andrade.- El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado uno de los pasos más irresponsables y peligrosos de su mandato: aprobó un decreto para regularizar de forma masiva a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular en España, sin control parlamentario efectivo y con una improvisación que raya en la temeridad.

Esta decisión no es simplemente una cuestión técnica o administrativa: es un mensaje de invitación a la inmigración irregular, un estímulo explícito para que más personas intenten entrar en España de forma no regulada, aprovechando lo que muchos ya llaman un “efecto llamada” con consecuencias graves para la cohesión social, la seguridad y la viabilidad de los servicios públicos.

Mientras el país aún digiere las consecuencias de tragedias recientes —como el accidente ferroviario en Adamuz que costó la vida a decenas de españoles— Sánchez opta por lanzar un decreto migratorio de grandes dimensiones en lugar de concentrarse en los problemas que afectan a todos los ciudadanos. Para muchos críticos, esto no es política, es espectáculo desesperado por generar titulares.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, lo resumió sin tapujos en redes sociales:

“Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos.”

Ese diagnóstico, aunque duro, refleja la percepción de millones de españoles que ven en esta medida un acto de irresponsabilidad política sin parangón.

Efecto llamada: no es una teoría, es una alarma

El propio PP y otros sectores conservadores han señalado que la regularización masiva:

estimula a las mafias que trafican con seres humanos, enviándoles el mensaje de que España es un destino fácil;

incrementa la presión sobre servicios públicos como sanidad, educación y vivienda, ya tensionados desde hace años;

alimenta la frustración social y la competencia por recursos escasos, debilitando la convivencia y exacerbando tensiones territoriales;

y, sobre todo, rompe cualquier frontera psicológica que distingue entre migración ordenada y llegada irregular sin control estatal.

Desde la extrema derecha hasta sectores más moderados dentro del conservadurismo, se ha repetido que esta política no solo es mala en contenido, sino perversa en el efecto que genera fuera de España: la percepción de que cruzar fronteras sin papeles es ahora una apuesta con resultados garantizados.

El precio que paga España

Los críticos señalan que Sánchez, al privilegiar esta medida por decreto sin consenso, ha puesto en marcha una política que traerá consecuencias a largo plazo:

servicios públicos desbordados, obligados a atender a una población de rápido crecimiento sin planificación;

mayor presión sobre el empleo y la vivienda, especialmente en zonas urbanas ya saturadas;

una fractura en la percepción pública entre quienes sienten que el Estado protege primero a los ciudadanos y quienes creen que se prioriza a recién llegados de forma automática;

y, lo más grave, una narrativa que alimenta el discurso de alarma y de conflicto frente a la inmigración, algo que partidos extremistas llevan años explotando.

¿Una España sin fronteras… o sin control?

El problema no es, como dice el Gobierno, una simple disputa teórica entre orden y apertura. Es una cuestión de custodia de la soberanía, de respeto a la legalidad y de responsabilidad con todos los que pagan impuestos, trabajan y quieren ver un futuro estable para sus familias. Al convertir la regularización masiva en un gesto casi automático, Sánchez no sólo ha fallado en su deber de proteger a España: ha sembrado incertidumbre y resentimiento, alimentando el discurso de quienes ven en cada inmigrante legalizado un competidor por recursos que no sobran.

En resumen, lejos de abordar la inmigración irregular con mano firme y estrategia clara, Pedro Sánchez ha propiciado una política que, para muchos, no solo aumenta el “efecto llamada”, sino que socava la legitimidad del propio Estado para decidir quién entra, quién trabaja y quién participa del proyecto común español.