AD.- Cuando ocurre una tragedia ferroviaria, lo mínimo exigible a un medio público es rigor, respeto a las víctimas y una información honesta, libre de intereses partidistas. Sin embargo, la cobertura de TVE sobre el reciente accidente ferroviario vuelve a confirmar una deriva preocupante: la transformación del ente público en un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno.

Desde los primeros minutos, el enfoque informativo no estuvo orientado a esclarecer responsabilidades ni a ofrecer una visión completa de lo sucedido, sino a blindar políticamente al Ejecutivo. Se minimizaron fallos estructurales, se evitó cualquier mención a decisiones políticas previas que pudieran haber influido en el siniestro y se puso el foco, de manera casi exclusiva, en factores externos o técnicos presentados como inevitables. Todo ello mientras se repetían, sin apenas contraste, los argumentos oficiales.

La manipulación no siempre necesita mentiras explícitas; basta con ocultar, seleccionar y enfatizar. TVE optó por entrevistar a perfiles cómodos, expertos afines o portavoces institucionales, relegando a un segundo plano voces críticas, sindicatos ferroviarios o analistas independientes. Las preguntas incómodas brillaron por su ausencia. El resultado fue un relato cuidadosamente diseñado para diluir cualquier responsabilidad política y convertir el accidente en una fatalidad abstracta, casi meteorológica.

Más grave aún es el uso del lenguaje emocional como herramienta de distracción. Mientras se sucedían piezas lacrimógenas y homenajes necesarios pero repetitivos, se esquivaba el debate de fondo: ¿se hicieron las inversiones necesarias?, ¿se ignoraron advertencias previas?, ¿hubo decisiones presupuestarias o de gestión que aumentaron el riesgo? Preguntas legítimas en cualquier democracia madura, pero aparentemente prohibidas en la televisión pública.

Este comportamiento no es un error puntual ni fruto del caos informativo de las primeras horas. Responde a un patrón ya conocido: cuando la realidad amenaza el relato gubernamental, TVE actúa como dique de contención. No para informar, sino para proteger. No para servir a los ciudadanos, sino al poder político que controla sus órganos de dirección.

Conviene recordarlo: TVE no pertenece al Gobierno. Pertenece a todos los ciudadanos, también —y especialmente— a quienes exigen explicaciones. Cada euro que financia la cadena pública obliga a una neutralidad que hoy parece una quimera. Cuando un medio público renuncia a fiscalizar al poder en los momentos críticos, deja de ser un servicio público y se convierte en un problema democrático.

La manipulación informativa en una tragedia no es solo una falta ética; es una falta de respeto a las víctimas y a la verdad. Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay memoria ni aprendizaje. Si el objetivo de TVE era proteger al Gobierno, lo ha hecho a costa de su credibilidad y de la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica.

Un país que tolera que su televisión pública maquille una tragedia para salvar a los responsables políticos es un país que se acostumbra a la impunidad. Y eso, más que cualquier accidente ferroviario, es el verdadero descarrilamiento.