Juan Ramón Rallo.- En apenas 48 horas, el ferrocarril español ha encadenado una tragedia detrás de otra: un choque en alta velocidad con al menos 40 fallecidos y dos accidentes en Cercanías en Cataluña con, al menos, un muerto. ¿Respuesta oficial? Nadie asume responsabilidades. Se suspende la circulación. Se baja la velocidad. Se anuncian inspecciones de urgencia. Traducido: si la vía no fuera parte del problema, ¿para qué paralizar trenes y limitar su marcha?

El Gobierno intenta tapar el agujero con un gráfico: el mantenimiento de la alta velocidad habría pasado de 250 millones de euros en 2013 a 475 millones en 2024. «Casi el doble». Suena bien. Pero es propaganda.

Primero, porque comparan un año de tijeretazo forzado –2013, en plena crisis fiscal– con 2024, año de recaudación récord y de barra libre presupuestaria. No es un «esfuerzo» virtuoso: es un contraste interesado.

Segundo, porque lo comparan en euros corrientes. Entre 2013 y 2024 el IPC acumuló en torno al 23%. Deflactemos: esos 475 millones equivalen a unos 385 millones de 2013. La subida real no es de 250 a 475; es de 250 a 385. Y eso suponiendo, generosamente, que materiales y mano de obra no hayan subido por encima del IPC.

Tercero –la trampa decisiva–: la red a mantener se ha disparado. En 2013 había 2.515 km de alta velocidad; en 2024, 3.993 km. Un 58% más. Con esos datos, el resultado es demoledor: en 2013 se gastaban unos 99.500 euros por kilómetro; en 2024, alrededor de 96.700 euros por kilómetro en términos reales de 2013. O sea: hoy se mantiene menos por kilómetro que en el año en que se recortó a machetazos.

Y hay un cuarto elemento que el gráfico esconde: la infraestructura envejece. Mantenerla bien cuesta cada vez más, no menos. Por tanto, el deterioro real es aún mayor.

Aquí no falla la recaudación. Falla la brújula. Con impuestos en máximos históricos, el presupuesto se ordena para comprar votos: más nóminas públicas, más pensiones, más clientelas. Y se dejan sin aceite las piezas críticas de un servicio monopolístico esencial. Luego llegan las tragedias y nos venden «inspecciones» como si fueran un plan.

Un gran poder exige una gran responsabilidad. Y cuando ese poder se usa para sostener el los intereses de la casta política, en lugar de sostener infraestructuras, el castigo ciudadano debería ser tan contundente como el impuesto que lo financia. No es mala suerte: es desastrosa gestión.

La Razón