El ministro de Transportes, Óscar Puente

AD.- Otra tragedia ferroviaria. Otro accidente evitable. Otra cadena de excusas. Y, como siempre, el mismo desenlace indigno: nadie asume responsabilidades. Óscar Puente sigue en su despacho mientras el país vuelve a contar víctimas y a preguntarse para qué sirve un ministro de Transportes cuando el sistema que dirige falla de manera tan estrepitosa.

No, no es un “incidente”. No es un “hecho aislado”. No es un problema técnico pendiente de análisis. Es un fracaso político monumental, y tiene nombre y apellidos.

Óscar Puente es el máximo responsable de la red ferroviaria española. De su seguridad, de su mantenimiento, de sus prioridades presupuestarias y de su supervisión. Cuando un tren descarrila, cuando muere gente o se pone en riesgo la vida de cientos de ciudadanos, el responsable político no puede esconderse detrás de informes, técnicos o investigaciones futuras. Eso es cobardía institucional.

La respuesta del ministro ha sido la de siempre: palabras vacías, gestos estudiados y una resistencia numantina al único acto que honraría mínimamente a las víctimas: dimitir. No porque haya colocado él los tornillos ni programado los sistemas, sino porque el sistema bajo su mando ha fallado, y de forma trágica.

En países con una mínima cultura democrática, un ministro cae por mucho menos. En España, sin embargo, los cargos se aferran al sillón incluso cuando la realidad les grita que han fracasado. Aquí la dimisión se percibe como una humillación personal, no como una obligación moral. Y así nos va.

Puente ha preferido proteger su carrera política antes que la credibilidad de las instituciones. Ha optado por aguantar el chaparrón mediático, confiando en que la indignación se disuelva, en que otra noticia tape esta, en que el dolor ajeno no tenga suficiente recorrido informativo. Es una estrategia cínica, indecente y profundamente irresponsable.

Cada día que Óscar Puente sigue siendo ministro es un mensaje claro para la ciudadanía: nadie responde por nada, ni siquiera cuando hablamos de infraestructuras críticas y seguridad pública. Es la normalización del desastre, la banalización del riesgo y el desprecio implícito a quienes pagan las consecuencias.

No basta con prometer investigaciones. No basta con comparecer en el Congreso. No basta con lamentar lo ocurrido con tono grave. Cuando el fallo es sistémico, la respuesta debe ser política. Y la respuesta política tiene un nombre que Puente se niega a pronunciar.

Su continuidad en el cargo no es una muestra de fortaleza, sino de fracaso ético. No dimitir es decirle a las víctimas que su tragedia no merece ni siquiera un gesto de responsabilidad. Es aceptar que en España los ministros pueden fallar gravemente y no pagar ningún precio.

Óscar Puente debe dimitir. No mañana. No cuando el ruido baje. Ahora. Todo lo demás es indigno de un cargo público y de un país que dice tomarse en serio la seguridad de sus ciudadanos.