Dinamarca no podía consentir que, en Groenlandia, las mujeres nativas tuviesen una natalidad altísima —una media de siete hijos, según se repetía entonces— porque eso se traducía en una cuenta creciente para el Estado del bienestar: más vivienda, más sanidad, más educación, más subsidios. Y cuando un gobierno mira a una población como una partida presupuestaria, llega el momento en que deja de ver personas y empieza a ver números.

Ahí se cruzó la línea: en vez de asumir el coste político y moral de su responsabilidad, decidió reducir nacimientos. Y lo hizo del modo más sucio: imponiendo métodos anticonceptivos a niñas y jóvenes inuit sin consentimiento, a veces engañadas o sin que sus familias lo supieran, como si fueran material administrable.