Pilar Alegría en el Senado.

Pedro Morenés.- La candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha intentado presentarse en esta campaña como defensora de los intereses aragoneses y promotora de una financiación autonómica “justa y suficiente” para nuestra comunidad. Sin embargo, sus acciones y declaraciones recientes sugieren una alineación más estrecha con las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios políticos que con las necesidades reales de Aragón.

Uno de los ejes de este debate es la negociación abierta entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para reformar el sistema de financiación autonómica. Los críticos, entre ellos el presidente aragonés y candidato del PP, Jorge Azcón, han señalado que las fórmulas acordadas benefician de forma desproporcionada a Cataluña, en detrimento de Aragón y otras comunidades que no cuentan con regímenes fiscales especiales.

Aunque la propia Alegría defiende que el nuevo modelo “afianza la solidaridad territorial” y que incluso puede aumentar el presupuesto de Aragón, muchos aragoneses ven en ello una contradicción difícil de justificar: exigir que “a Cataluña le vaya bien” no debería ser incompatible con defender los recursos de los aragoneses, pero la percepción dominante es que su lealtad política está más con Madrid que con Zaragoza.

El argumento de que no existe privilegio porque el acuerdo puede beneficiar a varias comunidades choca con la realidad de nuestro sistema, históricamente desigual y que Aragón lleva décadas intentando corregir sin resultados satisfactorios. ¿Cómo puede defenderse una política que, en la práctica, puede estar cediendo terreno a modelos de financiación especiales para Cataluña, mientras reclama un trato justo para Aragón? Esa pregunta pesa cada vez más en la campaña autonómica.

Además, la contradicción entre sus promesas de “defender con uñas y dientes” los intereses de Aragón y su historial en el Gobierno central —donde, según sus críticos, no frenó acuerdos con fuerzas independentistas ni defendió con contundencia una financiación justa— plantea dudas legítimas sobre su compromiso real con nuestra comunidad.

Este no es un debate menor ni una disputa partidista superficial: la financiación autonómica marca la calidad de los servicios públicos, la capacidad de combatir la despoblación y el desarrollo económico de toda una generación. Y en ese terreno, los aragoneses tienen derecho a cuestionar si el enfoque de Alegría realmente prioriza Aragón o responde a intereses más amplios que poco tienen que ver con nuestra tierra.