Coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de explicar, sin ningún éxito, a los consejeros económicos de los gobiernos regionales las bondades de su proyecto de financiación autonómica, el centro de estudios FEDEA hacía público un informe sobre la misma materia que llegaba a dos conclusiones difícilmente discutibles desde planteamientos alejados del interés partidista y que podemos resumir, por un lado, en que si Cataluña deja de aportar menos a la caja común tendrá que subir su parte la Comunidad de Madrid, que ya es la que más contribuye, y, por otro, en que todo el tinglado gubernamental se sostiene en una nueva inyección muy considerable de recursos del Estado, que, por supuesto, saldrán del bolsillo de los contribuyentes, ahora sí, sin distinción del lugar donde tengan su residencia, pues es sabido que no son los territorios los que pagan impuestos, sino las personas, físicas o jurídicas, de acuerdo a su capacidad de renta. Es decir, el beneficio que obtiene la Generalitat de Cataluña, una de las comunidades más ricas de España, no importa el parámetro económico y social que examinemos, –otra cuestión es la eficacia en la administración de los recursos– al ser considerada a efectos políticos como una región «infrafinanciada», tendrá que ser cubierto por otras comunidades, incluso, como en el caso de Extremadura o Castilla y León, con menos recursos que el Principado.

Es el efecto perverso del principio de ordinalidad, acción política que nunca pensamos que podría ser abanderada por un Gobierno que se dice de izquierdas y progresista. Pero, además, el dinero extra que la ministra de Hacienda ha puesto alegremente sobre la mesa, extendiendo el desprecio hacia cualquier regla de estabilidad fiscal y financiera, tendrá que salir de una u otra de estas tres vías: subida de impuestos a empresas y trabajadores, reducción del gasto social o ampliación de la deuda pública, por la que ya paga el Estado 40.000 millones de euros en intereses anuales.

No es de extrañar que, ayer, todas las comunidades autónomas del régimen común, salvo, naturalmente, Cataluña, rechazaran el proyecto de financiación de la ministra Montero.

Con Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, en la misma posición de rechazo que los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Es evidente que nos hallamos, una vez más, ante una decisión de La Moncloa que no está motivada desde la vocación de servicio a los intereses comunes de todos los españoles, sino por el compromiso adquirido con uno de los socios de investidura, en este caso de ERC, sin cuyos votos ni Pedro Sánchez podrá continuar en el poder ni Salvador Illa podrá aprobar los Presupuestos. Un pago, simple y llanamente, del apoyo nacionalista, que pasa por encima de la opinión y el acuerdo con el resto de las autonomías. Y todo ello, sin garantías de que salga adelante. Solo para ganar tiempo.