Juan María de Andrés.- Lo que el Gobierno llama “financiación singular” no es otra cosa que un pago político al separatismo catalán. Un atraco institucionalizado que se comete con el dinero de todos los españoles y con el silencio cómplice de quienes han renunciado a defender la igualdad ante la ley a cambio de unos meses más en La Moncloa.

Cataluña no está infrafinanciada: está sobrerrepresentada, sobreprotegida y mal gestionada. Durante décadas ha recibido inversiones estratégicas, infraestructuras clave, privilegios fiscales encubiertos y un trato político de favor. Y aun así, sus gobiernos autonómicos han convertido una de las regiones más prósperas de España en una administración quebrada, endeudada hasta el cuello y permanentemente insatisfecha.

El problema de Cataluña no es el sistema de financiación. El problema es el nacionalismo. Un nacionalismo que ha saqueado las arcas públicas para financiar estructuras paralelas de Estado, medios de propaganda, redes clientelares y una administración hipertrofiada al servicio del proyecto independentista. Ahora, tras arruinar su propia comunidad, exige que el resto de España pague la factura.

Hablar de “singularidad” es un eufemismo obsceno. Lo que se propone es romper el principio de solidaridad, dinamitar el sistema común y consagrar un modelo en el que quien amenaza más obtiene más dinero. No es federalismo, no es justicia fiscal y no es modernización: es chantaje político en estado puro.

Cada euro extra que se concede a Cataluña fuera de un marco común es un euro que se le quita a un pensionista, a un médico, a un autónomo o a una familia de cualquier otra región. Es una transferencia forzada desde las comunidades que cumplen hacia una élite política que desprecia abiertamente al Estado del que vive.

Lo más grave no es la exigencia del separatismo —esperable y coherente con su agenda—, sino la sumisión del Gobierno central, dispuesto a desmantelar la arquitectura constitucional con tal de sobrevivir parlamentariamente. Se gobierna contra la mitad de España para contentar a una minoría radical que no cree en España ni quiere hacerlo.

Aceptar una financiación a la carta para Cataluña significa asumir que España deja de ser una nación de ciudadanos iguales y pasa a ser un mercado de privilegios territoriales. Hoy es Cataluña; mañana serán otras comunidades reclamando su trozo del botín. El resultado será un Estado más débil, más injusto y más fragmentado.

España no necesita más concesiones. Necesita orden, ley y responsabilidad. Necesita un sistema de financiación basado en criterios objetivos, en la corresponsabilidad fiscal y en el respeto a la Constitución. Todo lo demás es rendición. Y las rendiciones, tarde o temprano, se pagan.