Edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Carlos Aramburu Bayona.- En estos días se habla mucho de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho a propósito de Venezuela. Sin embargo, conviene preguntarse qué está ocurriendo en España.

Una fecha clave en la historia reciente española es el 12 de junio de 1985, cuando España firmó el Acta de Adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. En aquel momento, el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estaba compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 eran jueces y magistrados elegidos por los propios jueces. Este sistema se ajustaba plenamente al artículo 122.3 de la Constitución Española, desarrollado por la Ley Orgánica 1/1980.

Con el paso de los años, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejaron de ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ. Ante este bloqueo, el PP solicitó la mediación del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders.

Finalmente, el 25 de junio de 2024, la Comisión Europea avaló un acuerdo mediante el cual los 20 vocales del CGPJ se repartían a partes iguales entre el Gobierno y el Partido Popular: 10 vocales considerados conservadores y otros 10 considerados progresistas.

Este reparto vulnera los estándares europeos de independencia judicial. De hecho, la propia Comisión Europea concedió un plazo de 6 meses al CGPJ para elaborar una recomendación sobre el sistema de elección de los vocales, lo que supone un reconocimiento implícito de que el modelo actual no cumple dichos estándares. Más grave aún, este sistema incumple el artículo 122.3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1980.

Como consecuencia, el Gobierno y el Partido Popular han pasado a nombrar directamente a los 20 vocales del CGPJ, que desempeñan funciones esenciales: nombran a los magistrados, dirigen su formación, deben garantizar la independencia judicial y nombran a los magistrados que juzgan a los aforados, así como a los magistrados que juzgan a otros jueces. Siete de ellos integran la Comisión Disciplinaria, encargada de sancionar, expedientar, trasladar o incluso expulsar jueces

Actualmente, la Comisión Disciplinaria está formada por 4 vocales progresistas y 3 conservadores. En este contexto, no puede descartarse que jueces que intenten investigar presuntos casos de corrupción o despilfarro vinculados al Gobierno o al Partido Popular reciban “toques de atención”. No se cuestiona la profesionalidad de jueces y magistrados, que son grandes profesionales, sino la existencia de una cadena de mando que permite presionar o influir sobre jueces incómodos.

De los 10 vocales progresistas, 2 han sido designados por Sumar y 8 por el PSOE, lo que refuerza la percepción de control político. Este intento de control del CGPJ no es nuevo. En 2004, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Juan Fernando López Aguilar como ministro de Justicia y Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General del Estado, se impulsó que la presidenta del “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género” presidiera la “Comisión Disciplinaria” del CGPJ, bajo el argumento de que la judicatura era conservadora.

Sin embargo, según la propia web del CGPJ, dicho Observatorio está dirigido por los ministros de Igualdad, Interior y Justicia, además del Fiscal General del Estado, junto con otros grupos de presión. Es decir, 4 personas nombradas por el presidente del Gobierno lideraban un organismo que actuaba como un auténtico “caballo de Troya” dentro de la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

En mayo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionó a Rumanía al considerar que su Comisión Disciplinaria no era independiente ni imparcial. Probablemente a raíz de esta sentencia, en julio de 2023, en España se retiró a la presidenta del Observatorio de la “Comisión Disciplinaria”.

Ahora que tanto se habla de Derechos Humanos y de Estado de Derecho, sería una magnífica ocasión para que los partidos progresistas y los organismos que luchan por la igualdad exigieran una independencia real del Poder Judicial en España. Mientras los dirigentes políticos puedan interferir en la justicia, no está garantizada la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a un juez independiente e imparcial.

Resulta legítimo preguntarse cómo puede ser independiente un juez cuando por encima de él existe una “Comisión Disciplinaria” formada por vocales nombrados por el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Surge así una pregunta clave: ¿Tienen garantizado un juicio justo quienes resultan incómodos para el poder político o fomentan el pensamiento crítico?

En este contexto, muchos ya no discuten que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una extensión del Gobierno, con un presidente y una vicepresidenta afines al Ejecutivo. Resulta llamativo que partidos de izquierdas hablen de sentencias politizadas cuando 10 de los 20 vocales del CGPJ son progresistas y su presidenta, Isabel Perelló, pertenece a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Otro aspecto relevante es el ámbito del Derecho de Familia. ¿Por qué en aproximadamente el 80 % de las separaciones se retira la custodia a los padres varones? ¿No se había afirmado que hombres y mujeres son iguales ante la ley? ¿No se promovía la implicación de los hombres en el cuidado de los hijos? ¿Dónde queda esa igualdad?

Existen ejemplos claros de este uso del poder. Los agricultores se han manifestado contra el Gobierno porque este permite la entrada de productos agrícolas procedentes de países que no cumplen los mismos controles sanitarios que existen en España. El sector primario defiende que los españoles puedan consumir productos de calidad, pero el Gobierno, al priorizar la Agenda 2030, está dispuesto a importar de forma masiva alimentos de países de fuera de la Unión Europea cuyos controles sanitarios no cumplen los estándares europeos. Frente a estas protestas, el Gobierno ha utilizado toda su infraestructura para imponer multas de miles de euros a los agricultores, logrando así que las manifestaciones cesen.

Otro ejemplo son los manifestantes de Ferraz, quienes han recibido multas desorbitadas impuestas por instituciones controladas por el Gobierno. Es posible que un juez, en primera instancia, dé la razón al ciudadano y lo exonere del pago de la multa. Sin embargo, tras agotar todos los recursos, el problema radica en que la cúpula del poder judicial está politizada. Esto implica que el ciudadano puede ganar en instancias iniciales, pero que en las últimas instancias la cadena de mando anteriormente descrita permite al Gobierno interferir en la labor judicial.

En este contexto, la reciente publicación del libro de Juan Soto Ivars, titulado “Esto no existe”, ha contribuido a que se empiece a hablar de las falsas denuncias.

Conviene recordar que la Ley de Violencia de Género se aprobó en diciembre de 2004, hace más de 21 años.
Este feminismo institucional y la llamada “perspectiva de género”, integrados en el Poder Judicial desde 2004, están actuando contra quienes reclaman una igualdad real, es decir, que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, tal como establece la Constitución Española.

Resulta fácil comprender que, cuando policías o religiosos señalan que una parte significativa de las agresiones a mujeres son cometidas por inmigrantes irregulares, el aparato del Estado los denuncie por un supuesto delito de odio. Es probable que en primera instancia los jueces les den la razón, pero, una vez más, la politización de la cúpula judicial y de la Fiscalía condiciona el resultado final.

Desde 2004 hasta julio de 2023, el Gobierno mantuvo un claro elemento de influencia en la “Comisión Disciplinaria” del CGPJ mediante el “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”. En la actualidad, quien cuestiona el feminismo institucional o la perspectiva de género parece quedar señalado, y la actual Fiscal General del Estado es una firme defensora de estas corrientes.

En los últimos años estamos viendo cómo los políticos aprueban leyes muy cuestionadas por la sociedad, sin que conste que los ciudadanos hayan logrado anular ninguna de ellas. Quienes aprueban las leyes son personas aforadas, y son esas mismas personas aforadas las que eligen a la cúpula del poder judicial encargada de juzgarlas.

Ante esta situación, se plantea una posible vía de actuación: plantear una “Cuestión Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” cuando un ciudadano considere que no tiene garantizada la tutela judicial efectiva. Esta cuestión se presentaría ante un juzgado español y, dado que esta cadena de mando supone una amenaza para los intereses financieros de la Unión Europea, el juez —que también es juez europeo— debería elevarla al TJUE.

La amenaza es evidente: si un juez investiga un posible caso de corrupción o despilfarro de fondos europeos por parte del Gobierno, esta estructura permite interferir en su actuación. La pregunta a plantear al TJUE es sencilla: ¿respeta el actual reparto de los 20 vocales del CGPJ entre el Gobierno y el Partido Popular los estándares europeos de independencia judicial?

Incluso la Comisión de Venecia, en su informe de 9 de octubre de 2025, sostiene que la actual composición vulnera dichos estándares. No es casual que el propio Partido Popular presentara en octubre de 2025 una propuesta para que 12 de los 20 vocales fueran jueces elegidos por los propios jueces.

Surge entonces una cuestión fundamental: si cuando España firmó el Acta de Adhesion a la Union Europea, contaba con un sistema más garantista, si desde entonces está prohibido cualquier retroceso en el Estado de Derecho y hoy los 20 vocales son repartidos entre Gobierno y oposición, ¿ha existido un retroceso del Estado de derecho en España? SI

Y aún más grave: ¿con la connivencia de la Comisión Europea? SI

El 9 de junio de 2024 se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, perteneciente al Partido Popular Europeo, necesitaba el apoyo del Partido Socialista Europeo, cuyo líder es el presidente del Gobierno español. Solo 16 días después, la Comisión Europea avaló el reparto del CGPJ entre el Gobierno y el Partido Popular.

Mientras se señala a Venezuela, esta debería ser una oportunidad para que los ciudadanos españoles exijan recuperar la independencia judicial acudiendo a Europa, ya que los grandes partidos llevan cuatro décadas repartiéndose el CGPJ. La sentencia del TJUE contra Polonia de diciembre de 2025 permite que cualquier juzgado plantee una Cuestión Prejudicial, y no debe olvidarse que a Polonia y Hungría se les suspendieron fondos europeos por retrocesos en el Estado de Derecho.

Los ciudadanos españoles podrían incluso reclamar daños y perjuicios a la Comisión Europea por no cumplir su función de garante de los tratados y de los derechos fundamentales. No sería la primera vez que una asociación civil actúa: fue Societat Civil Catalana quien presentó una Cuestión Prejudicial contra la Ley de Amnistía.

Los ciudadanos tenemos derechos. Es el momento de ejercerlos.