Esta noche 3 de enero, según el anuncio oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuerzas estadounidenses han detenido a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar precisa, ejecutada sin que hasta el momento se haya informado de víctimas civiles. Una intervención quirúrgica que puede marcar el inicio del fin de la dictadura socialista del hambre que ha arruinado Venezuela durante más de dos décadas.

Tras años de desesperación, represión y exilio masivo —uno de cada tres venezolanos ha tenido que abandonar su país— Venezuela vuelve a respirar aires de libertad y de esperanza democrática.

Las últimas elecciones venezolanas no fueron elecciones libres. No hubo publicación completa de actas, no se permitió un recuento verificable ni auditorías independientes creíbles.

Cuando no se puede comprobar el voto, no existe legitimidad democrática. Existe imposición.

Ese fraude estructural es la base sobre la que se sostuvo Maduro, heredero directo de Hugo Chávez, el responsable original de destruir la separación de poderes y convertir el Estado en un instrumento ideológico y clientelar.

Desde hace años, instancias judiciales de Estados Unidos acusan al entorno del poder venezolano de vínculos con el narcotráfico, dentro de lo conocido como el Cartel de los Soles. Son acusaciones graves, formuladas en procedimientos judiciales, que explican por qué Venezuela ha sido señalada internacionalmente como una narcodictadura.

El resultado es conocido: corrupción estructural, pobreza generalizada y una élite política enriquecida mientras el pueblo hacía colas para comer o huía del país.

Resulta grotesco escuchar ahora a Delcy Rodríguez exigir “pruebas de vida” o respeto institucional a Estados Unidos.

Quien forma parte de un régimen que persigue a la oposición, manipula elecciones y anula libertades no tiene autoridad moral para exigir nada.
Su cercanía política con dirigentes españoles no ha servido para defender la democracia, sino para blanquear internacionalmente una dictadura a cambio de Dios sabe qué.

Aquí es donde el silencio —o el apoyo— de ciertos dirigentes españoles resulta imposible de ignorar.

José Luis Rodríguez Zapatero, hoy convertido en multimillonario mediador internacional, ha sido uno de los principales valedores políticos del chavismo en Europa. Viajó, intervino y legitimó un régimen que ya no ocultaba su carácter autoritario. Nunca exigió elecciones limpias, nunca denunció la represión, nunca rompió con la dictadura. Su papel no fue neutral: fue políticamente útil al chavismo.

Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Irene Montero tampoco fueron espectadores inocentes. Durante años defendieron, justificaron o minimizaron los crímenes del régimen venezolano llamándolo “proceso popular” o “modelo alternativo”, mientras millones de venezolanos huían del hambre y la persecución. No fue ignorancia: fue ideología y seguramente algo más.

Hoy, cuando la narcodictadura se derrumba, habrá que preguntarles qué sabían, a quién apoyaron y por qué callaron.

Donald Trump no ha dado lecciones morales. Ha actuado. Y esa acción ha roto la impunidad de un régimen que nunca permitió caer por las urnas porque nunca permitió urnas limpias.

Si Venezuela consigue ahora iniciar una transición real, recuperar instituciones y convocar elecciones libres, este momento quedará como el punto de ruptura definitivo.

Maduro deja un país destruido. Chávez dejó un sistema diseñado para no perder el poder. Y sus amigos internacionales deberán ahora dar explicaciones.

Por eso, hoy, muchos venezolanos y muchos demócratas decimos algo simple y contundente: gracias, Donald Trump, por ayudar a cerrar una etapa de miseria, exilio y miedo, y por abrir la posibilidad real de libertad, democracia y justicia.