Leire Díez, en una imagen de archivo.

El PSOE ha admitido que en 2017 pagó 15.600 euros a la ‘fontanera’ Leire Díez como servicios “periodísticos” para el partido. La formación ha informado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid de que la exmilitante socialista “no ha tenido una relación laboral” con el partido, pero reconoce que le que prestó “servicios en régimen mercantil como periodista” en el año 2017, sin especificar en qué consistieron ese tipo de servicios.

Así lo ha expuesto el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, en un escrito dirigido al juzgado para responder al requerimiento del juez Arturo Zamarriego, que a finales de noviembre pidió información sobre la relación entre Díez y el partido. Según La Sexta, la ‘fontanera’ socialista habría cobrado entre 1.400 y 1.700 euros al mes del PSOE de Cantabria por elaborar notas de prensa y asesorar a diputados.

En su escrito al juez, el letrado también relata, como ya era de dominio público, que Díez fue concejal socialista en el ayuntamiento cántabro de Vega de Pas entre 2011 y 2015; y militante del partido hasta que el pasado junio se dio de baja, tras filtrarse a la prensa audios en los que presuntamente maniobraba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta información remitida al juez Zamarriego se enmarca en la causa en la que se investiga si Díez y el empresario Javier Pérez Dolset ofrecieron ciertos beneficios judiciales a algunas personas imputadas a cambio de información comprometida que pudiera ser utilizada para desactivar causas que afectaban al PSOE. Por ello, se investiga a ambos ‘fontaneros’ como presuntos autores de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Díez también está siendo investigada en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), causa por la que fue detenida por la Guardia Civil el pasado 10 de diciembre, junto al expresidente de la entidad pública Vicente Fernández. Posteriormente, quedaron en libertad con las medidas cautelares de comparecer quincenalmente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Además, el juez Santiago Pedraz ha ordenado bloquear sus cuentas para evitar que pueda disponer libremente de sus fondos y evitar la reiteración delictiva.