¡FÉLIZ AÑO 2026 SIN EL PRESIDENTE SÁNCHEZ!
Estanislao de Kostka Fernández.- El año 2025 ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la democracia española: por primera vez, un gobierno ha estado sometido a múltiples investigaciones judiciales simultáneas que afectan directamente a su núcleo más cercano, mientras que varios de sus colaboradores de máxima confianza han ingresado en prisión preventiva. Esta situación, que trasciende el mero debate político, plantea interrogantes profundos sobre la salud institucional del país y ni siquiera es comparable a la corrupción que rodeó a Felipe González.
El panorama judicial que ha caracterizado a 2025 presenta una particularidad notable: no se trata de casos aislados, sino de una red de investigaciones paralelas que revelan patrones similares de irregularidad en distintas administraciones. La Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional trabajan simultáneamente en múltiples frentes de corrupción que convergen en figuras del círculo presidencial.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, permanece investigada por la Justicia desde abril de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Lo que inicialmente fue una causa limitada a dos delitos se ha ampliado progresivamente a cinco líneas de investigación distintas. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado recientemente la continuidad de estas investigaciones, particularmente la relativa a malversación de fondos públicos en la contratación de su asesora Cristina Álvarez.
El hermano del presidente, David Sánchez, será juzgado por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Aunque la Fiscalía ha rechazado proseguir los cargos contra él, argumentando que los procedimientos fueron legales, las acusaciones populares mantienen su demanda de tres años de prisión y la devolución de los salarios cobrados desde su entrada en la institución extremeña.
Más allá del círculo presidencial, la crisis se extiende a figuras de primer nivel del PSOE. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y colaborador de confianza de Sánchez, permanece en prisión preventiva desde el 27 de noviembre de 2025, enfrentando penas solicitadas de 24 años de cárcel por su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con contratos sanitarios durante la pandemia. Su antiguo asesor Koldo García comparte la misma situación, con una petición fiscal de 19 años y medio de cárcel.
Santos Cerdán, quien fue el todopoderoso secretario de Organización del PSOE durante gran parte de la legislatura actual, pasó cinco meses en prisión preventiva antes de ser liberado en noviembre de 2025. Según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Cerdán habría actuado como eje central de una red de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas, gestionando entre 620.000 y 650.000 euros en transacciones ilícitas. Los investigadores lo sitúan como figura preeminente en una supuesta organización criminal que operó entre 2017 y 2023, durante y antes de los gobiernos socialistas.
Lo particularmente grave de este caso radica en que Cerdán era, en ese momento, la mano derecha del presidente en la estructura del partido, lo que plantea preguntas incómodas sobre el nivel de conocimiento y supervisión que pudo existir en los niveles superiores de la administración.
La investigación que actualmente conduce la UDEF ha sacado a la luz un aspecto hasta ahora opaco: la conexión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y una presunta red de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. Investigadores especializados en delitos económicos señalan a Julio Martínez Martínez como presunto testaferro de Zapatero, actuando como intermediario en transacciones relacionadas con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021.
Según confesiones proporcionadas por Koldo García, ex asesor de Ábalos, Zapatero habría “negociado con petróleo, oro y otros recursos” en Venezuela, acumulando una fortuna significativa a través de estas transacciones. Ábalos, desde su posición de recluso, confirmó a medios de comunicación que fue precisamente Zapatero quien más presionó al Gobierno de Sánchez para que rescatara a la aerolínea venezolana, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos para recibir ayuda pública.
Las investigaciones detectaron transferencias de fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra hacia empresas vinculadas a Martínez, así como pagos hacia las hijas del expresidente a través de su agencia de publicidad Whathefav SL. La UDEF sospecha que estos pagos podrían encubrir comisiones por las gestiones realizadas por Zapatero para conseguir la aprobación del rescate.
Un aspecto particularmente notable en el caso de la esposa del presidente es que será juzgada por un tribunal de jurado popular compuesto por nueve ciudadanos españoles ordinarios. Este mecanismo, establecido en la ley para delitos de corrupción, malversación y tráfico de influencias, requiere que siete de los nueve miembros del jurado voten a favor para una condena, mientras que bastará con cinco votos para una absolución.
La investigación, que se inició hace diecinueve meses, continúa con diligencias pendientes y ha sido prorrogada hasta al menos abril de 2026, justamente cuando se cumpla el plazo máximo de instrucción en casos de jurado popular y cuando el juez instructor cumpla los 72 años, edad de jubilación obligatoria. Esto añade una dimensión temporal que sugiere una carrera contra el reloj judicial.
Los procesos judiciales en curso hacen que el año 2026 sea de especial relevancia para el futuro político de España. El juicio contra Ábalos, García y Aldama está previsto para los primeros meses del año, con una vista en el Tribunal Supremo ya convocada para el 15 de enero de 2026. Paralelamente, la investigación contra Begoña Gómez podría evolucionar hacia un juicio con jurado en los próximos meses.
La acumulación de sentencias condenatorias contra colaboradores cercanos al presidente plantea un escenario político de fragilidad creciente. Aunque formalmente Sánchez no está imputado en estos casos, la profundidad de las investigaciones en su círculo más íntimo—su esposa, su hermano, su ex ministro de confianza, su secretario de organización—genera un efecto corrosivo sobre la autoridad ejecutiva que resulta sin precedentes en la democracia española.
La filosofía clásica nos ofrece perspectivas iluminadoras sobre este fenómeno. Platón, en su análisis de la degeneración de los regímenes políticos, advertía cómo la corrupción sistemática corroía las instituciones desde dentro, cuando los guardianes del estado olvidaban sus deberes en favor de intereses privados. En la República, el filósofo ateniense señalaba que cuando el poder se ejerce sin supervisión y con fines egoístas, el sistema democrático deviene en tiranía.
Cicerón, en sus Filípicas contra Marco Antonio, capturó magistralmente cómo la corrupción de los funcionarios públicos minaba la confianza ciudadana en las instituciones: ¿Qué gobierno se salva cuando se ven estos actos?” La resonancia de esta pregunta resuena con particular fuerza en el contexto español actual.
En la antigua Atenas, el procedimiento de ostracismo existía precisamente como mecanismo para expulsar del poder a aquellos líderes cuya permanencia se consideraba peligrosa para la ciudad-estado, incluso sin acusaciones de delito formal. Este mecanismo, aunque hoy rechazamos sus fundamentos, reflejaba una comprensión de que la legitimidad política se sustenta en la confianza pública y la percepción de probidad.
Un elemento crucial que emerge de estas investigaciones es el probable carácter incompleto de nuestro conocimiento. Los informes desclasificados de la UCO, los autos judiciales y las confesiones de colaboradores que ahora declaran para obtener mejores condiciones procesales, revelan estructuras de corrupción que operaban en paralelo a las estructuras administrativas oficiales. Cada nuevo informe policial añade detalles que sugieren capas adicionales de irregularidades aún por investigar.
Si, como parece probable, el conocimiento público actual representa solo la parte visible de un entramado más amplio de irregularidades administrativas y financieras, cabe preguntarse qué reacción ciudadana produciría el conocimiento completo de la verdad. En Roma, cuando Catilina fue descubierto en sus tramas sediciosas, la revelación de la completa dimensión de la conspiración encendió una indignación ciudadana que casi derriba la república. De manera similar, en Atenas, el descubrimiento de los Cien Años de corrupción en los fondos públicos generó una reacción popular que transformó el equilibrio político de la ciudad durante décadas.
No es especulación apocalíptica reconocer que el descubrimiento de la totalidad de irregularidades que puedan estar ocurriendo en la administración pública española, podría generar consecuencias políticas impredecibles. El ciudadano medio, cuando se enfrenta a la evidencia de fraude sistemático en el manejo de recursos públicos, suele responder no solo con indignación electoral, sino con cuestionamientos más profundos sobre la legitimidad del propio sistema
El período que se abre en 2026 determinará no solo el futuro político inmediato de Pedro Sánchez, sino también la capacidad de las instituciones españolas para mantener su credibilidad. Independientemente de los veredictos que se dicten en los procesos en curso—y respetando escrupulosamente la presunción de inocencia que corresponde a todos los acusados—la magnitud y diversidad de investigaciones en operación sugiere un problema sistémico en la calidad de la gobernanza que trasciende las responsabilidades individuales.
En mi opinión el año 2026 será el año que veamos salir del Gobierno a Sánchez, bien porque dimita, bien porque venza una moción de censura o bien porque acabe detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estada. Y ese año, y de carambola, será también el año de la caída de Zapatero, el que parece ser el testaferro de Sánchez.
Los antiguos griegos entendían que la democracia es un sistema frágil que requiere de guardianes virtuosos. Cuando esos guardianes fallan en sus deberes, no es solo la confianza política la que se erosiona, sino el fundamento mismo sobre el que descansa la legitimidad del sistema político.
*Abogado jefe de AD y politólogo
