Juan María de Andrés.= El debate sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz vuelve a ocupar titulares y reuniones políticas. Sin embargo, más allá de consignas ideológicas o decisiones apresuradas, el futuro de esta planta debería analizarse con serenidad, rigor técnico y visión de país. El cierre de Almaraz no solo implica apagar un reactor: significa asumir impactos económicos, energéticos y ambientales que a menudo se pasan por alto.

España avanza hacia un sistema energético más verde, pero la transición requiere tiempo y planificación. Almaraz aporta una cantidad significativa y estable de electricidad libre de emisiones de CO₂, algo que las energías renovables —a pesar de su constante avance— todavía no pueden garantizar por sí solas debido a su intermitencia.

Cerrar la planta sin disponer de alternativas maduras y plenamente operativas significa aumentar la dependencia de combustibles fósiles importados, encareciendo el precio de la electricidad y dificultando los objetivos climáticos. Lo paradójico es que el cierre de una instalación que no emite CO₂ puede terminar aumentando las emisiones globales mediante un mayor uso de gas natural.

Impacto económico y social en Extremadura

La central nuclear de Almaraz es uno de los motores económicos de la región. Genera miles de empleos directos e indirectos, sostiene pequeñas empresas, negocios locales y servicios públicos. Su cierre supondría un golpe difícil de absorber para comarcas ya castigadas por la despoblación y la falta de industria.

Hablar de “reconversiones” es fácil, pero la experiencia demuestra que estos procesos suelen tardar décadas y rara vez logran sustituir verdaderamente el impacto económico perdido. Mantener Almaraz operativa permite tiempo y recursos para planificar alternativas reales, no promesas vacías.

La energía nuclear despierta temores comprensibles, pero es fundamental basarse en la evidencia. Las centrales españolas operan bajo algunos de los estándares de seguridad más exigentes del mundo. Los prolongamientos de vida útil no se otorgan por motivos políticos, sino tras exhaustivas revisiones de organismos independientes.

Cerrar Almaraz antes de agotar su vida útil operativa significa desechar una infraestructura segura y plenamente funcional por razones que pocas veces se sustentan en criterios técnicos.

La pregunta no es si España debe avanzar hacia un futuro más renovable —la respuesta es sí—, sino cómo hacerlo sin poner en riesgo el suministro, la economía y el bienestar social. La transición energética debe ser responsable, paulatina y basada en datos, no en impulsos.

Almaraz puede y debe seguir siendo un aliado estratégico en ese camino: un puente hacia un modelo más sostenible, no un obstáculo. Su cierre prematuro no solo es innecesario, sino perjudicial para España en un momento de gran incertidumbre energética y geopolítica.

Cerrar Almaraz no resolverá los retos energéticos de España; al contrario, los agravará. La decisión debe tomarse con rigor y perspectiva, entendiendo que detrás de cada megavatio nuclear hay empleo, estabilidad, competitividad y reducción de emisiones. Prescindir de todo ello sin una alternativa sólida sería un error difícil de corregir.