Yarisley Urrutia.- Bruselas señala el riesgo de que España sobrepase el límite del aumento del gasto presupuestario mientras expone que la convergencia social está amenazada. La OCDE sugiere ajustes por valor de 6.800 millones de euros. Los expertos apuntan la contradicción de admitir recortes y luchar contra la desigualdad sin recursos, destinados al gasto militar.

Mediante la adopción del paquete de otoño del Semestre Europeo de 2026, mecanismo que establece las directrices de política económica y de empleo para los Estados miembros, la Comisión Europea (CE) advierte a España de estar en “riesgo de incumplimiento” en materia de gasto público y le urge a reducirlo, ya que prevé que el país rebase el límite de aumento permisible.

El objetivo central es controlar el déficit y reducir la deuda pública acumulada, en muchos casos, desde la crisis financiera de 2008 y agravada durante la pandemia.

Para ello, se fijaron topes estrictos sobre el crecimiento del gasto público neto, siendo el 3,5% el umbral crítico que los países no deberían superar. La norma busca asegurar la estabilidad macroeconómica de la UE, pero choca frontalmente con las necesidades sociales internas de cada nación.

Las proyecciones de la CE indican que la desviación del gasto público de España se cifrará en tres décimas, por lo que el aumento en 2025 equivaldrá al 3,8% del PIB. El límite del 3,5% forma parte de un plan de reducción progresiva acordado entre la UE y el Gobierno español para controlar la elevada deuda pública (103,4% del PIB). Croacia, Lituania y Eslovenia ya incumplen el tope de gasto y, junto a España, Bulgaria, Hungría están en riesgo de rebasarlo.

Días antes, el 18 de noviembre, el Ejecutivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había aprobado un techo de gasto presupuestario para 2026 de 212.026 millones de euros, un 8,5% más que para 2025. “El Gobierno mantiene su hoja de ruta, que consiste en reducir la deuda y el déficit público, a la vez que se refuerza el Estado del Bienestar”, se cita en la referencia del Consejo de Ministros.

Un eventual incumplimiento no significará sufrir sanciones, pero sí podrá acarrear consecuencias y presiones políticas significativas, forzando al Gobierno a implementar ajustes presupuestarios. El 26 de noviembre, apenas dos días después de la adopción en Bruselas de su paquete de otoño, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitía su Estudio Económico sobre España, donde si bien alaba sus datos macroeconómicos, la insta a reformar su sistema de pensiones y determinadas prestaciones e impuestos. Tal ajuste equivaldría al 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros.

Dilema social vs. austeridad fiscal

Una contradicción evidente surge cuando la imposición de recortar el gasto se enfrenta a demandas sociales urgentes. Reducir el gasto público implica recortes o limitaciones en partidas cruciales como la sanidad, las pensiones o los programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La contradicción se ahonda por cuanto el mismo día, con ocasión de la presentación de su informe anual sobre Empleo, la CE señaló que España afronta “riesgos potenciales para la convergencia social ascendente” a causa de sus malos datos de protección e inclusión social, empleo y abandono escolar temprano. Con un 25,8% de población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, tasa que a nivel infantil asciende hasta el 34,6%, ambos porcentajes se sitúan “muy por encima de las respectivas medias de la UE (21,0 % y 24,2 %) y siguen indicando “situaciones críticas”, señala la CE en su informe.

Esto crea una situación contradictoria donde cumplir con las recomendaciones de Bruselas en materia de déficit presupuestario significa desatender a una parte importante de la ciudadanía y debilitar el Estado del bienestar, aun cuando luego la CE alerte sobre los niveles de pobreza.

“Por eso los gobiernos no tienen otra salida que subir los impuestos. De esa forma intentan sostener las ayudas sociales y tapar la contradicción”, explica M. C. Carpintero, economista y consultor bancario independiente, que recuerda que es algo que “ya sucede en Reino Unido y en Bélgica”.

Bélgica actúa como un espejo que refleja las posibles consecuencias de aplicar estas políticas de austeridad. Con una deuda pública similar a la española, pero con un déficit mayor (4,5%), el Gobierno belga ha aprobado recortarlo en 9.200 millones de euros hasta 2029 mediante nuevos gravámenes a los salarios, los servicios bancarios y hoteleros, y al consumo de gas. Entre el 24 y el 26 de noviembre, el país ha secundado tres jornadas de huelgas en protesta, incluida una general, que han paralizado el país.

Se da la circunstancia de que España y Bélgica son los únicos países de la UE que aún no han presentado a Bruselas su proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026. La fragilidad de los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez no garantiza su aprobación, por lo que es posible que el país se adentre en 2026 con unos presupuestos que llevan prorrogados desde 2023.

La paradoja del gasto militar

La situación se vuelve todavía más paradójica cuando se contrasta la austeridad en el ámbito social con la fluidez del gasto en el área de defensa, dado el compromiso asumido de aumentar significativamente el gasto armamentístico para alcanzar los objetivos de la OTAN, los del rearme de la UE y los de la ayuda financiera y militar a Ucrania.

¿Se trata de atajar una falta de recursos o todo responde a una elección de prioridades? “El problema no es técnico o fiscal, sino más bien político, porque los recursos existen. Pero por una decisión política, los recursos terminan apareciendo y se ponen para el gasto militar”, apunta Carpintero, que señala los “10.000 y pico millones de euros” que el Gobierno español ha activado en 2025 para llegar a un gasto militar del 2,1% del PIB.

España lidera el crecimiento de la eurozona, pero la disciplina económica de Bruselas puede ser contraria a la cohesión social y a la soberanía para decidir en qué se gasta el dinero de los contribuyentes.

En otras palabras, ¿los buenos indicadores macroeconómicos de España son un espejismo para la economía real? La OCDE mejora su previsión de crecimiento para España y, en coincidencia con las proyecciones del Gobierno español, lo sitúa en el 2,9% en 2025 y el 2,2% en 2026.

“Pero la tendencia global es hacia el estancamiento”, matiza Daniel Albarracín, profesor del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US), que en conversación con Sputnik augura que el estancamiento económico llegará a España”más pronto que tarde”.

“En ese momento, que puede darse en 2026 o 2027, se producirá un estancamiento. Y si ante la presión del aumento del gasto militar y las exigencias de contención del gasto público el país no puede aumentar la recaudación (vía actividad, porque la vía presión fiscal apenas se ha producido), esto se traducirá primeramente en contención y después en recortes de las funciones de bienestar”, explica.

A juicio de este economista, la explicación del actual crecimiento económico español responde a que su ciclo “opera con algo de retraso y suele ser más excéntrico que el de los países centrales”, aparte de la influencia positiva de la aplicación de una “política neokeynesiana”. Es un crecimiento beneficiado por el efecto del fuerte “rebote pospandémico” y que permitió aumentar el gasto “sin superar los ingresos”.

“Con todo, la restauración del espíritu del Pacto de Estabilidad es un hecho, con la excepción realizada para el gasto militar. Porque España sigue su senda de aumento de este gasto; simplemente, señala que su ritmo de aumento al 5% podría ser más lento que otros países”, concluye, en alusión al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que fija límites al déficit y deuda pública del 3% y 60%, respectivamente, pero cuya aplicación se suspendió a raíz de la crisis de la pandemia.