España encara en estos momentos el mayor cambio electoral en décadas debido al aluvión de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la llamada ley de nietos, según cifras publicadas por El Periódico. Si todas prosperan, el número de votantes residentes en el extranjero se duplicará, transformando la estructura electoral del país.

La norma, incluida en la Ley de Memoria Democrática promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, abre la vía a que obtengan la ciudadanía tanto descendientes de españoles como hijos o nietos de exiliados y represaliados del franquismo. Su impacto se ha disparado especialmente en territorio iberoamericano, donde millones de personas cuentan con ascendencia española. Un ejemplo revelador es el Consulado de Buenos Aires, que acumula unas 900.000 peticiones.

Los consulados españoles han experimentado durante los últimos meses una saturación sin precedentes. El Periódico detalla que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anticipaba cerca de un millón y medio de solicitudes antes del cierre del plazo. Sin embargo, el número final desbordó todos los cálculos y obligó incluso a ampliar un año el periodo para presentar la documentación.

La concentración de peticiones es especialmente elevada en Argentina, Cuba y México. En varios consulados de estos países, las citas para iniciar el proceso permanecieron completas durante meses, reflejando la magnitud del fenómeno. Aunque la revisión de expedientes puede dilatarse durante largo tiempo, el efecto sobre el electorado ya está cuantificado: un incremento del 6% del total de votantes.

El antecedente más cercano se encuentra en 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se habilitó un mecanismo similar. Entonces se registraron algo más de medio millón de solicitudes. La comparación habla por sí sola: la oleada actual multiplica por casi cinco aquella cifra en apenas dos años.

El salto más contundente recaerá sobre el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA). En las elecciones europeas de 2024, este censo contaba con 2.386.250 inscritos. La incorporación potencial de los nuevos nacionalizados podría elevar la cifra hasta rozar los cinco millones, lo que supone un aumento del 100%.

Este crecimiento modifica de raíz el peso del voto exterior, hasta ahora marginal y con tasas de participación tradicionalmente bajas. Si todas las solicitudes se aprueban, el voto desde fuera de España pasará a tener una influencia equivalente a la de comunidades autónomas enteras, un factor capaz de alterar proyecciones políticas y sociológicas en próximos comicios generales, autonómicos o europeos.

La incógnita se centra ahora en cuánto tardará el Ministerio en tramitar los millones de expedientes y cuántos solicitantes acabarán integrando finalmente el censo. Lo que ya nadie niega es que España avanza hacia un escenario electoral completamente distinto: millones de nuevos ciudadanos con derecho a voto y un peso político exterior que nunca antes había existido.