LGI.- Estados Unidos ha solicitado oficialmente a España información sobre las actividades del exministro socialista José Bono en Venezuela, en el marco de una investigación que también afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha intensificado tras la reciente designación del régimen de Nicolás Maduro como organización terrorista. Según informa Vozpópuli, la justicia norteamericana considera a Bono un actor clave en el origen de las conexiones entre el socialismo español y el chavismo, y lo examina desde hace meses como posible intermediario e introductor de Zapatero ante la cúpula bolivariana.

Fuentes jurídicas del diario en mención vinculadas al caso de Hugo «El Pollo» Carvajal confirman que las autoridades estadounidenses han pedido a España datos concretos sobre operaciones comerciales y políticas vinculadas a Bono durante su etapa como ministro de Defensa, unas actuaciones que, según dichas fuentes, «están bajo sospecha en muchos de sus aspectos». Washington no sólo rastrea la actividad pública, sino también sus vínculos privados y empresariales, incluidos sus intereses societarios en República Dominicana, país que también aparece en las pesquisas.

Los investigadores identifican a Bono como el «nexo inicial» entre el zapaterismo y Hugo Chávez. Fue él quien habría abierto las puertas del régimen bolivariano al expresidente español, facilitando una red de contactos que más tarde permitiría a Zapatero ejercer su papel de «mediador» en Caracas. Esta conexión es crucial para EEUU, ya que Carvajal —que conocerá su sentencia el 12 de febrero tras admitir delitos de narcotráfico y narcoterrorismo— dirigió los servicios de Inteligencia venezolanos entre 2004 y 2011, coincidiendo plenamente con el periodo en el que Bono ocupó la cartera de Defensa.

Uno de los episodios más sensibles que examina la justicia norteamericana es la operación de venta de aviones de transporte y patrulleras españolas a la Armada venezolana, formalizada en 2005 y negociada bajo la supervisión directa del entonces embajador Raúl Morodo y del propio Carvajal. Bono ha reconocido públicamente su participación en ese macrocontrato, que provocó un choque frontal entre Washington y el Gobierno de Zapatero y benefició a los astilleros españoles en un momento crítico. La operación es ahora analizada en detalle por EEUU por su posible relación con pagos y comisiones.

A este marco se suma la documentación entregada en su día por la fiscal general venezolana Luisa Ortega, exiliada del país, quien facilitó a EEUU papeles que aludían a presuntas corruptelas vinculadas al Palacio de Miraflores y a comisiones relacionadas con Navantia. Morodo, por su parte, ya fue condenado en España por el cobro de fondos millonarios procedentes de PDVSA tras su salida de la embajada, lo que refuerza la pista de los trabajos de lobby prochavistas de antiguos dirigentes socialistas.

En ese contexto, según Vozpópuli, algunas revelaciones atribuidas a Carvajal incluyen acusaciones de pagos directos del Gobierno venezolano a Zapatero mediante la petrolera estatal. Pero las fuentes insisten: en EEUU no se investiga sólo a Zapatero. «En España sólo miran a Zapatero; en Estados Unidos miran a los dos: a Zapatero y a Bono. Y también a la República Dominicana», repiten las fuentes.

La ofensiva norteamericana se inscribe en el endurecimiento de la administración Trump contra Caracas. Este nuevo foco sobre las conexiones españolas con el chavismo abre un escenario de enorme riesgo político para Bono, figura históricamente protegida en España, pero ahora situada en el centro de una investigación internacional por sus vínculos con un régimen designado como terrorista.