La detención en La Habana de Martiño Ramos —profesor gallego condenado a 13 años y medio de prisión por violar de forma reiterada y sádica a una alumna menor de edad— ha sacudido la conciencia pública.

Pero, en medio del escándalo, brilla por su ausencia una voz que podría marcar la diferencia: la de Yolanda Díaz.

Ramos no era un cualquiera. Fue militante destacado de En Marea — la plataforma desde la que Yolanda Díaz dio sus primeros pasos hacia la política nacional.

Cuando un ex miembro de tu propia familia política comete un crimen atroz, lo mínimo exigible no es estrategia electoral: es dignidad. Pero Díaz guarda silencio.

Ese silencio duele. Porque mientras los jueces condenan (y la justicia, tarde o temprano, exige cuentas), el silencio de quien aspira a representar la coherencia progresista y feminista suena a omisión. Una omisión que, en la práctica, coloca la impunidad un paso más cerca.

Una fuga planificada, un agresor “normalizado”

Martiño Ramos huyó de España en julio, pocos días antes de que la condena se hiciera firme. Gracias a la inacción de quienes debían velar por el cumplimiento de la sentencia, salió libre, cruzó fronteras — Portugal, Brasil, Perú — hasta refugiarse en Cuba.

Allí, cambió su identidad: se presentó como fotógrafo, publicó en redes sociales bajo un alias, se mezcló con jóvenes, participó en círculos culturales.

Y mientras tanto, su pasado quedaba en silencio. Su nombre, fuera de la lista de “proscritos”, era cada vez más difuso. Pero no invisible. La policía lo buscaba. Las víctimas reclamaban justicia. La sociedad, coherencia.

¿Qué dirá Yolanda Díaz? Nada. Al menos hasta ahora. Ese silencio — tan elocuente como la palabra — no puede interpretarse como neutral. Es una elección. Y es una elección que duele más cuanto más firme se proclama en defensa del feminismo, de la igualdad, de la protección a las víctimas.

Criticar la izquierda — su partido, su coalición, sus redes — cuando salpica un caso así no es un ejercicio de mala fe: es una exigencia moral. Porque la lucha contra la violencia sexual no admite exclusiones. No puede haber “buenos” y “malos” de derechas o de izquierdas: solo hay agresores, víctimas y responsables.

Hoy, el nombre de Martiño Ramos está en los titulares. Pero su pasado sigue siendo una bruma para muchos. El drama de su víctima continúa. Y su condena firme apenas será simbólica si no se concreta en cárcel, en castigo real, en reparación.

Y en medio de eso, el gran ausente: Yolanda Díaz. Con su silencio, pone en jaque la credibilidad de quienes se proclaman defensores del feminismo. Si no es capaz de condenar a un condenado por violación sabiendo que formó parte de su proyecto político, lo que queda, ¿es coherencia o cinismo?

¿Qué debería hacer ahora?

Declarar públicamente que condena con rotundidad el crimen de Martiño Ramos — sin eufemismos, sin medias tintas — como primer paso de responsabilidad moral y política.

Exigir que cumpla íntegramente la condena en España, promoviendo su extradición e inspeccionando que no existan ayudas ocultas a su fuga.

Pedir cuentas, dentro y fuera de su entorno político, sobre cómo pudo una persona así integrar sus filas — y qué mecanismos de control, selección y vigilancia han fallado.

Ofrecer apoyo institucional y simbólico a la víctima: su voz debe prevalecer sobre el silencio de los responsables.

Porque sin verdad, sin justicia y sin condenas públicas de quienes dicen gobernar en nombre del feminismo, este caso no será solo el de un profesor condenado: será otro en la larga lista de traiciones a las víctimas. Y ya van unas cuantas en la izquierda.