Los jueces están salvando a España
Hoy es un día para sentir orgullo de España porque todavía es posible juzgar a una de las más altas personalidades del Estado (Fiscal General). Eso significa que la Justicia funciona y que los criminales, incluso cuando son presidentes de gobierno o fiscales generales, tiemblan ante la Justicia porque pueden ser castigados.
Ni la monarquía, ni los grandes poderes e instituciones del Estado, ni las fuerzas armadas, ni los cobardes ciudadanos. Nadie, salvo los jueces, están salvando a España de la calamidad que la envuelve al ser gobernada por los peores, por la corrupción y la degeneración política y moral, donde el gobierno y la oposición no dan la talla y conducen el país hacia el colapso y el fracaso.
La princesa Leonor, en la reciente entrega de los premios princesa de Asturias, dijo que hay que confiar en el Estado de Derecho, insinuando también que es la Justicia la que salva a España y la que mantiene a raya a los miles de corruptos y delincuentes que se han apoderado del Estado y que destrozan la nación desde el poder.
La Justicia independiente —la que osa juzgar al propio Fiscal General— es el último baluarte que está salvando a España.
Sánchez, acorralado por el rechazo mayoritario de los ciudadanos y sabedor de que sin artimañas nunca ganaría unas elecciones limpias, se aferra al poder con uñas y dientes.
El sanchismo representa un peligro existencial para la patria, y solo los jueces íntegros e independientes lo combaten con eficacia y valentía.
Disfruta del mando como un adicto y está dispuesto a todo con tal de conservarlo: incluso a regalar la nacionalidad española a cientos de miles de inmigrantes —en su mayoría ilegales, muchos delincuentes reincidentes— que han irrumpido violando nuestras fronteras.
El drama crece cada día más porque una parte importante del pueblo cree que el sanchismo hace trampas y realiza fraude electoral cada vez que se abren las urnas.
Millones de españoles preocupados por la sucia y corrupta deriva del sanchismo y de nuestra nación, admiramos esa Justicia indómita, espada de luz que hiere al Fiscal General en su propia guarida de corrupción y abuso. Es la misma Justicia que está salvando a España del abismo Sánchez, ese tirano de terciopelo sin ética y sin freno, empeñado en mutilar la nación y asfixiar el alma que hizo grande a España en la Historia.
El pueblo que lo repudia es cada día más numeroso y sabe ya que sin fraude, sin veneno en las urnas, jamás rozaría el poder.
El sanchismo acaba de acuchillar a Mazón, cuyo mayor pecado es haber sido inepto e irresponsable, desviando la atención de los españoles para que no señalen al mayor culpable de la DANA, que es él mismo Sánchez y su gobierno, los que retrasaron las ayudas y los socorros y los que nunca hicieron las obras necesarias para impedir la catástrofe.
Solo los jueces puros, titanes de toga y de fuego, son capaces de frenar a la bestia sanchista con rayos de ley implacable.
Sánchez goza del poder como un vampiro de la sangre y por conservarlo miente, envenena, abre las venas de España, se alía con miserables y protege a las legiones de sombras delincuentes que rompen las fronteras como lobos que traen la noche en sus manos.
Como presidente del Gobierno español, Sánchez no ha sido formalmente imputado ni condenado por ningún delito hasta hoy, 4 de noviembre de 2025. Sin embargo, su entorno inmediato —incluyendo familiares, altos cargos del PSOE y figuras clave del Ejecutivo— está envuelto en múltiples causas judiciales por presuntos delitos graves como corrupción, tráfico de influencias, malversación y revelación de secretos.
Esa marea de suciedades y presuntos delitos en su entorno han generado un debate intenso sobre si Sánchez podría ser llamado a declarar como investigado o testigo clave, o incluso procesado por su presunta responsabilidad indirecta o encubridora.
Los casos que acosan y amenazan al presidente son los de su esposa, Begoña Gómez, el del Fiscal General, el de su hermano David, el de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo y el de compraventa fraudulenta de mascarillas.
Toda esta locura se agrava por el uso que el presidente hace del Estado contra la Justicia, sin respeto por la democracia, la separación de poderes y la autonomía de los tribunales.
