La inflación en España es, a día de hoy, una auténtica vergüenza estructural. No se trata solo de un problema coyuntural por la energía o los alimentos: es el reflejo de un sistema económico que castiga al ciudadano medio mientras protege los márgenes empresariales y la ineficacia política.

Durante años se ha normalizado que los precios suban sin control mientras los salarios se estancan o crecen a un ritmo ridículo. El coste de la vivienda, los alimentos básicos y la energía se ha disparado, y aun así se nos dice que “la inflación está bajo control” porque el IPC general baja unas décimas. Es una tomadura de pelo.

Las grandes empresas y distribuidoras trasladan cualquier mínima subida de costes al consumidor en cuestión de días, pero cuando los precios internacionales bajan, nadie se da prisa en ajustarlos. El resultado: márgenes empresariales récord y familias estranguladas.

Y lo peor es la respuesta política: medidas parche, bonos simbólicos, declaraciones triunfalistas y falta total de reformas reales. No hay un plan serio para garantizar la competencia efectiva, controlar la especulación o vincular los salarios al coste de vida real.

En suma, la inflación en España no es solo una cuestión de precios: refleja una debilidad en la arquitectura económica.

Mientras la política monetaria del BCE limita el margen de maniobra, España necesita reformas que impulsen la competencia real, fomenten la productividad y garanticen que los ajustes de precios se produzcan de forma más simétrica. Sin esos cambios, cualquier descenso del IPC será circunstancial, y el coste de vida continuará siendo un problema persistente para la mayoría de los hogares.