El Tribunal Constitucional, esa institución que debería ser el último dique de contención frente al abuso de poder, ha decidido quitarse la toga de la imparcialidad para vestir la camiseta del Gobierno. Lo que antes era un órgano de garantía hoy parece una sucursal ideológica de Moncloa, dispuesto a blindar cada movimiento del sanchismo, por discutible que sea, con el barniz de la “legalidad” constitucional.

Las últimas resoluciones no dejan lugar a dudas: el Constitucional ya no arbitra, milita. Allí donde el Ejecutivo tropieza con la ley, aparece el tribunal para despejarle el camino. Y lo hace con un descaro que avergonzaría a cualquiera que aún crea en la separación de poderes. No se trata de un mero cambio interpretativo ni de un debate jurídico legítimo: es una colonización institucional en toda regla. La toga se ha convertido en un escudo político.

La composición del tribunal explica buena parte del problema. La mayoría progresista no es fruto del azar, sino del cálculo político. Sánchez entendió muy pronto que controlar el Constitucional era tanto o más importante que controlar el Congreso. Una vez asegurada esa mayoría dócil, cualquier tropelía podía ser “constitucional” por arte de magia. La reforma exprés para renovar magistrados afines fue el paso decisivo en una estrategia de captura institucional que se disfraza de normalidad democrática.

El resultado es devastador. La ciudadanía percibe, con razón, que la justicia constitucional ya no protege los derechos, sino los intereses del Gobierno. Cuando las sentencias empiezan a oler a consigna, la legitimidad se evapora. Y sin legitimidad, el Constitucional deja de ser el guardián de la Carta Magna para convertirse en el notario complaciente del poder político.

No se trata de atacar a la justicia, sino de defenderla. Porque la verdadera amenaza a la independencia judicial no viene de la crítica pública, sino de la manipulación partidista que se ejerce desde dentro. Cada vez que el tribunal actúa como correa de transmisión del Ejecutivo, erosiona un poco más la confianza ciudadana en las instituciones y en el propio Estado de Derecho.

España necesita un Constitucional que sirva a la Constitución, no a un presidente. Que tema traicionar la letra y el espíritu de las leyes más que disgustar al Gobierno de turno. De lo contrario, lo que hoy se celebra como una victoria política será mañana una derrota institucional irreparable.

El tribunal puede seguir firmando resoluciones al dictado de la Moncloa, pero que no espere respeto. Porque cuando la toga se mancha de ideología, ya no viste a un juez: viste a un militante.,