Juan María de Andrés.- Durante décadas, España ha construido su identidad sobre un ideal: tener una vivienda en propiedad. La frase “alquilar es tirar el dinero” se convirtió en un mantra nacional, respaldado por políticas públicas que incentivaron la compra y por una cultura que asociaba la propiedad con estabilidad y progreso. Hoy, sin embargo, ese modelo muestra grietas profundas. La vivienda se ha convertido en un bien de lujo y en una de las mayores fuentes de desigualdad social.

Una herencia de ladrillo

El origen del problema se remonta a los años de la Transición y el boom económico posterior. En lugar de invertir en un parque público de alquiler, el Estado apostó por facilitar la compra mediante deducciones fiscales, suelo barato y crédito fácil. El resultado fue una economía dependiente del ladrillo, donde la vivienda se transformó en motor del crecimiento y en objeto de especulación.

Esa dinámica explotó con la burbuja inmobiliaria de 2008. Cientos de miles de familias perdieron su casa, los bancos fueron rescatados con dinero público y el país quedó lleno de viviendas vacías. Pese a ello, el sistema apenas cambió. El mercado se reactivó con nuevos protagonistas: fondos de inversión internacionales y plataformas de alquiler turístico que encarecieron aún más los precios, sobre todo en las grandes ciudades.

Alquilar, misión imposible

Hoy, acceder a una vivienda en España es más difícil que nunca. Según el Banco de España, un joven necesita destinar más del 60 % de su salario al alquiler, muy por encima de lo recomendado por los organismos internacionales. Comprar tampoco es una opción realista: los precios siguen creciendo, mientras los salarios permanecen estancados.

La situación golpea especialmente a las nuevas generaciones, condenadas a la precariedad habitacional o a prolongar la convivencia familiar. Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia registran los mayores incrementos de renta, con barrios donde los precios se han duplicado en menos de una década. A ello se suma la presión del alquiler turístico, que expulsa a los residentes de los centros urbanos y transforma el tejido social de las ciudades.

El gran ausente: la vivienda pública

España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa: apenas un 2 % del total, frente al 20 % o 30 % de países como Austria o los Países Bajos, según datos de Eurostat. Durante la crisis financiera, miles de viviendas públicas fueron vendidas a fondos privados, debilitando aún más la capacidad del Estado para ofrecer alternativas asequibles.

Mientras tanto, los programas de vivienda protegida se han visto lastrados por la burocracia, la falta de suelo público y la escasa inversión. En muchos casos, las viviendas calificadas como “sociales” acaban siendo vendidas o alquiladas a precios de mercado tras unos pocos años.

Políticas fracasadas

En los últimos años, el gobierno ha prometido soluciones, pero las medidas han sido fragmentarias y, en muchos casos, de impacto limitado. Las leyes de vivienda y los topes al alquiler han generado debate, pero su aplicación es desigual entre comunidades autónomas y no siempre se traduce en una reducción efectiva de precios.

Los expertos coinciden en que el problema es estructural. España no necesita solo más viviendas, sino un nuevo modelo habitacional que deje de tratar la casa como un activo financiero y la reconozca como un derecho básico. Eso implica reforzar el parque público, penalizar la especulación y regular de manera real el mercado del alquiler.

Un cambio de mentalidad

La crisis de la vivienda no es solo económica: es cultural. Durante décadas, la sociedad española asumió que la propiedad era la única forma de seguridad. Sin embargo, las nuevas generaciones viven en un contexto distinto, marcado por la movilidad laboral, la temporalidad y los salarios bajos. Para muchos, comprar una casa no es un sueño, sino una utopía.

Superar el fracaso del modelo actual exige un cambio profundo de mentalidad. El acceso a una vivienda digna no puede depender de la herencia, la suerte o la especulación. Como recordaba recientemente un informe de la ONU, el derecho a la vivienda es el pilar sobre el que se construye la igualdad de oportunidades. España, a día de hoy, está lejos de garantizarlo.