EH Bildu se presenta como una fuerza política legal, democrática y antifascista en el País Vasco. Pero detrás de la fachada institucional se esconde un legado que ningún lavado de cara puede ocultar: décadas de complicidad con el terrorismo de ETA y decisiones que cuestionan profundamente su legitimidad moral.

La herencia de la violencia sigue viva

Bildu es heredera directa de Herri Batasuna y Sortu, formaciones que actuaron como brazo político de ETA, responsables de cientos de asesinatos y secuestros. La coalición actual afirma condenar la violencia, pero esta condena nunca ha sido acompañada de una autocrítica real o de un reconocimiento explícito del sufrimiento de las víctimas. La historia no se borra con gestos simbólicos: cada atentado, cada vida truncada, sigue siendo un peso que Bildu no ha enfrentado con honestidad.

La normalización de antiguos terroristas

Incluso hoy, Bildu integra en sus listas electorales a personas vinculadas con ETA, algunos con delitos graves de sangre. Esto no es una cuestión de legalidad, sino de ética y coherencia. ¿Cómo puede un partido reclamar autoridad moral para hablar de derechos, democracia o antifascismo cuando abre sus puertas a quienes cometieron crímenes atroces? Este proceder erosiona la confianza de la sociedad y envía un mensaje inquietante: en Bildu, el pasado criminal puede ser electoralmente rentable.

Bildu se autoproclama como la voz antifascista vasca, pero su uso del término “fascismo” roza lo instrumental. Todo adversario político de derecha o centro es etiquetado como fascista, lo que convierte un principio moral en una herramienta electoral. Este oportunismo retórico no fortalece la lucha contra la ultraderecha real; más bien, trivializa el antifascismo y lo vacía de contenido.

La presencia de Bildu en las instituciones españolas no es solo un asunto de legalidad, sino un desafío moral para la democracia. Su integración en gobiernos autonómicos y alianzas con fuerzas nacionales normaliza un pasado violento que debería ser inaceptable. Cada negociación, cada voto en el Parlamento, lleva consigo la sombra de un legado que la sociedad española aún recuerda con dolor. La normalización política de Bildu no borra la herida: la perpetúa bajo la apariencia de respeto democrático.

EH Bildu puede actuar legalmente, puede sentarse en parlamentos y formar parte de coaliciones, pero su legitimidad moral sigue siendo extremadamente limitada.

No basta con proclamar que son antifascistas o democráticos; la verdadera autoridad ética requiere romper de manera clara y profunda con la violencia histórica y asumir públicamente la responsabilidad por décadas de complicidad. Mientras eso no ocurra, Bildu seguirá siendo un actor con poder político, pero con credibilidad moral discutible.