El Debate (asistido por IA)

Juan Van-Halen.- Debemos enfrentamientos a la llamada «memoria histórica», término intencionadamente confuso; aún más: incorrecto. La memoria es individual y la suma de memorias individuales -que chocan, son dispares, se desencuentran- no apoya lo que buscan los creadores de la patochada. Para Gustavo Bueno, al que traté, «el concepto de memoria es esencialmente subjetivo, psicológico, individual: la memoria está grabada en un cerebro individual y no en un cerebro colectivo». Y aclara que «la tarea del historiador no consistirá tanto en recuperar la memoria histórica tal cual, sino en demoler la memoria deformada». Esta deformación suele deberse a posiciones ideológicas.

Hace décadas Jorge Semprún, que lo había vivido, denunció la memoria de los comunistas en su «Autobiografía de Federico Sánchez». Escribe: «Te asombra una vez más cómo funciona la memoria de los comunistas. La desmemoria, mejor dicho. Se acuerdan de ciertas cosas y otras las olvidan. La memoria de los dirigentes comunistas funciona pragmáticamente, de acuerdo con los objetivos políticos del momento. No es una memoria histórica, testimonial, es una memoria ideológica». Es lo que padecemos.

Escribir sobre la memoria llamada histórica, ahora democrática, se debe a una noticia acaso perdida en los medios. Con tanta información diaria sobre corrupción no es posible prestar atención a todo. La noticia afecta a un hombre machadianamente bueno, cabal y comprometido con sus ideas: José Utrera Molina, al que traté y admiré. Fue gobernador de varias provincias, dos veces ministro y amante de la buena poesía. Tituló un libro «Sin cambiar de bandera»; lo usual suele ser lo contrario. Me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba nula la decisión de la Diputación de Sevilla de anular la concesión, en 1969, de su Medalla de Oro a Utrera Molina, antiguo gobernador civil de la provincia, basándose en la ley de Memoria Histórica de 2007. El acuerdo de la Diputación, de 2016, contó con el voto favorable de todos los grupos menos del PP que se abstuvo. ¿Por qué no un voto negativo?

Utrera Molina murió en 2017. La recuperación de su medalla siguió el recorrido judicial. También quitaron su nombre a una calle sevillana. En su último año de vida le contrarió la decisión, sin argumentación válida, de retirarle aquella distinción que, según el acuerdo que la concedió, se debía, y el Supremo lo justifica, en lo expresado ya por el TSJA: al «efecto favorable» de Utrera Molina en la provincia «generando en ella una notoria mejoría y un indiscutible progreso». Nada relativo a la guerra civil ni al franquismo. Ahora su medalla queda rehabilitada. Justo reconocimiento a un hombre coherente. La sentencia supone una firme enmienda a la interpretación de esa ley y abre caminos a tener en cuenta.

Eran los tiempos en que la magistrada argentina María Servini pretendió juzgar a personalidades del franquismo y a funcionarios como responsables de crímenes políticos. Acusaba a siete ministros: Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Se planteó órdenes de detención internacional y declaraciones indagatorias. Conocí de cerca el caso de Martín Villa. Nunca se negó a las peticiones de la magistrada; deseaba que se le escuchase. Lo cierto es que el caso quedó en nada. Mucho ruido y pocas nueces.

También se produjo una demanda de los hijos de Utrera Molina a Teresa Rodríguez, izquierdista radical, y a Gabriel Rufián, reconocido locuaz. Señalaron a su padre, al haber sido ministro, como responsable de la muerte, en 1974, del anarquista Salvador Puig Antich, partidario de acciones de guerrilla y atracador de bancos. No era precisamente un ángel. Fue condenado y ejecutado en 1974, por el asesinato a tiros, al ser detenido tras robar un banco, del inspector de policía Francisco Anguas, de 23 años, en Barcelona. Las condenas llegaban al Consejo de Ministros para «el enterado», a veces ni eso; pero sentenciaba un juez. Responsabilizar a un ministro era disparatado.

En 2024 el Gobierno de Sánchez, en su línea, declaró nula la condena, y consideró a Puig Antich «víctima del franquismo». Un medio nada objetivo señaló entonces que Utrera Molina pertenecía al «Gobierno militar» de Franco; siempre hubo ministros civiles. ¿Ignorancia o intención? Opto por ignorancia. La alcaldesa Colau dedicó a Puig Antich un monumento y una plaza en Barcelona. Nada extraño. Asesinos notorios durante la guerra cuentan con calles en municipios que vivieron horrorizados sus crímenes. Rufián se refirió a que Utrera Molina «murió en la cama» como si le hubiese deseado una muerte violenta. Otro desatino. No sé en qué acabaría aquella demanda.

Desde la ley de Memoria Democrática, otro asunto cerrado en falso es la supresión de 28 títulos nobiliarios otorgados por Franco y 5 concedidos por el Rey Juan Carlos. Los primeros ya habían sido sucedidos según la ley y refrendados por el Rey, y la supresión de los creados por Juan Carlos I, desde sus prerrogativas legales, supone también una enmienda institucional. Otra. Todo un dislate sin respuesta. Aconsejo a los afectados acudir a los tribunales. Todo viene de entender y juzgar el pasado con la mirada de hoy y con un solo ojo, el izquierdo. Mientras, los golpistas Largo Caballero y Prieto cuentan con monumentos en Madrid, como el asesino Puig Antich en Barcelona. La oposición en Babia. Me satisface este reconocimiento póstumo a José Utrera Molina.