La inflación no es solo una cifra en un gráfico económico: es el pan que sube de precio, la gasolina que vacía el bolsillo, el alquiler que se vuelve impagable. En España, el coste de la vida ha escalado en los últimos años con una intensidad que no puede explicarse solo por factores externos como la guerra en Ucrania o la inestabilidad energética. La verdad es más incómoda: el gobierno ha sido, en gran medida, cómplice —si no protagonista— del deterioro del poder adquisitivo de millones de ciudadanos.

¿Dónde está la gestión responsable?

Mientras la inflación se disparaba, el Ejecutivo optó por una política de gasto descontrolado, subvenciones indiscriminadas y promesas populistas que, lejos de paliar la situación, alimentaron la bestia inflacionaria. Las medidas de “escudo social” se presentaron como soluciones temporales, pero muchas se convirtieron en parches crónicos, sin una estrategia clara a largo plazo. Se ha inyectado dinero en la economía sin criterio ni reformas estructurales, lo que ha tenido un efecto perverso: más dinero en circulación, más consumo, más inflación.

Los salarios no suben, pero todo lo demás sí

Uno de los efectos más sangrantes de esta crisis mal gestionada es el empobrecimiento silencioso de las clases medias y trabajadoras. Mientras los precios de alimentos básicos como el aceite, la leche o el pan se han duplicado en algunos casos, los salarios han permanecido congelados. El gobierno, lejos de facilitar un marco laboral que fomente la negociación colectiva real o alivie la carga fiscal de los trabajadores, ha optado por discursos triunfalistas y campañas de marketing político.

Sí, la inflación es un fenómeno global. Pero mientras otros países han aplicado políticas monetarias y fiscales responsables, el gobierno español ha preferido usar la inflación como excusa para justificar su falta de previsión. No se han reforzado sectores estratégicos como la energía o la producción agrícola nacional, lo que nos ha dejado más expuestos a los vaivenes internacionales. En lugar de invertir en independencia económica, se ha optado por el cortoplacismo electoral.

Un Banco de España ignorado

Cuando el Banco de España y otros organismos independientes advertían sobre los riesgos de determinadas políticas expansivas, fueron tachados de alarmistas. La desconfianza del gobierno hacia cualquier crítica técnica ha erosionado la credibilidad institucional y ha colocado la ideología por encima de la economía real. Las consecuencias las paga la ciudadanía, no los asesores ministeriales.

El coste del relato

El relato oficial insiste en que se está protegiendo a la gente, que se está gobernando con sensibilidad social. Pero la realidad en las calles, en los supermercados y en las nóminas de los trabajadores cuenta otra historia: una en la que la inflación ha sido alimentada por la pasividad, la propaganda y la mala gestión. La factura ya está aquí, y es más alta de lo que muchos pueden pagar.