Desde el momento en que se conocen los primeros indicios del denominado Caso Koldo, muchos ciudadanos esperaron que la justicia actuara con contundencia; que quien aparece implicado en acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y presuntas mordidas respondiera ante la ley sin privilegios. Pero la reciente puesta en libertad de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, arroja una sombra oscura sobre la idea de que “todos somos iguales ante la justicia”. Y esto no es una exageración: es la constatación de un sistema con grietas graves.

Koldo García está implicado en una investigación de la UCO por presuntas irregularidades vinculadas a adjudicaciones de obra pública, comisiones ilegales, y manejo de fondos durante la pandemia.

Se le retiró el pasaporte, se le impusieron comparecencias periódicas y otras diligencias cautelares que, en teoría, buscan asegurar que no haya riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. ,,

A pesar de la gravedad de las acusaciones —y de que otros implicados (como Santos Cerdán) permanecen en prisión provisional— se ha decidido dejar a Koldo en libertad bajo dichas medidas cautelares.

Si se admiten como válidos indicios que apuntan a delitos graves, ¿por qué unos investigados quedan en libertad mientras otros esperan entre rejas? Esto no solo socava la confianza pública, sino que genera la impresión de que la prisión preventiva —una medida excepcional— se aplica como instrumento de presión, no de justicia.

El principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario es fundamental. Pero también lo es que la justicia garantice que las investigaciones puedan avanzar sin obstáculos. Cuando alguien con serias acusaciones puede salir libre, aún con restricciones, se abre la puerta a maniobras dilatorias, destrucción de pruebas o influencias externas que comprometan el proceso.

Esta decisión envía señales peligrosas: que tener conexiones políticas, el prestigio de “colaborador” o haber estado en “buenas relaciones institucionales” puede inclinar la balanza a favor de la libertad antes que contra ella. Ya no se trata solo del individuo: la sociedad observa, juzga y empieza a generalizar. Lo cual erosiona la legitimidad del sistema democrático.

La libertad de Koldo García no es un triunfo de la justicia, ni un acto de prudencia judicial. Es un reflejo de sus fallos. Porque la justicia no solo existe para dictar sentencias: existe para preservar la confianza ciudadana. Y cuando esta confianza se quiebra, cuando existe la sensación de que algunos tienen salvoconductos, lo que se debilita no es solo la fe en casos concretos, sino el fundamento mismo de la democracia.

Si la legalidad ha sido cumplida al pie de la letra —y eso es algo que debe demostrarse—, entonces quienes lo permiten deben enfrentarse también a la valoración de la ciudadanía. Porque la impunidad aparente nunca debe volverse norma. Y si lo hace, entonces ya no estamos simplemente ante errores judiciales: estamos ante una crisis ética institucional.

El magistrado Leopoldo Puente deja en libertad a Koldo García

El magistrado Leopoldo Puente deja en libertad a Koldo García. El instructor del conocido como “caso Koldo” ha decidido mantener las medidas cautelares que pesan ya sobre el que fuera asesor de José Luis Ábalos y, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha declinado ordenar su ingreso en prisión. De esta forma sigue la senda marcada con el exministro de Transportes, quien también mantiene su libertad pese al silencio mantenido por ambos en sede judicial.

No obstante, Puente también aprecia un “creciente” riesgo de que Koldo se fugue, pero excluye -como ya hizo en el caso de Ábalos- que exista riesgo de que destruya pruebas o vuelva a delinquir si sigue en libertad. No obstante, considera “suficiente” mantener las medidas cautelares que pesan sobre él para contrarrestar ese peligro de que huya, que según señala aumenta a medida que los indicios contra él se “robustecen” y se aproxima la fecha del juicio.

Aunque la posibilidad de que se fuge “no puede nunca descartarse”, expone el magistrado, no entiende que ese riesgo se dé “con la indispensable intensidad” para justificar su ingreso en prisión. Y eso que, apunta, “es verdad” que Koldo “pudiera, tal vez, disponer de una cierta cantidad de dinero, que hasta la fecha no ha sido hallada”. Como también que “mantuvo en el pasado ciertos vínculos con otros países, que se desconoce si persisten”. Pero, puntualiza, también hay que tener en cuenta que desde que es investigado, primero por la Audiencia Nacional y después por el Supremo, “transcurridos varios años la existencia de este riesgo ha venido siendo conjurada hasta el momento con las medidas cautelares vigentes”.

Eso no obsta para que el magistrado asegure que los indicios contra el que fuera asesor de Ábalos “aparecen seriamente consolidados” tras el último informe de la UCO, lo que apuntala la supuesta comisión de delitos de integración en organización terrorista, tráfico de influencias, cohecho e incluso -apunta- malversación.

“Expresivas y elocuentes grabaciones”

Puente se refiere expresamente a las “muy expresivas y elocuentes grabaciones” efectuadas por Koldo “de conversaciones de las que resultaría la posible adjudicación indebida de diversas obras públicas, en connivencia con quien era entonces titular del Ministerio de Transportes”, José Luis Ábalos y de terceras personas “a cambio de diversos premios económicos”.

En su resolución, deja claro que no advierte “elemento alguno” que indique que, “dado el tiempo transcurrido y el conjunto de actuaciones ya practicadas”, Koldo García se halle ahora “en disposición de alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba”.

“No se advierte que sea preciso garantizar su presencia, eludiendo un riesgo intenso de que pudiera sustraerse a la acción de la Justicia, riesgo nunca enteramente descartable” acordando el ingreso en prisión del exasesor de Ábalos, argumenta antes de recordar que hasta el momento se ha garantizado que esté a disposición del instructor “con medidas menos restrictivas” (la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado).

En cualquier caso, el instructor detalla los indicios que apuntan a que Koldo dispone de “importantes cantidades de dinero en metálico”, supuestamente fruto de los hechos investigados y que “vendría haciéndose cargo regularmente de obligaciones económicas” de Ábalos por un importe total de 94.883 euros.

Pagos a los que añade “el disfrute familiar de un chalet en la localidad de Marbella por importe de 9.800 euros” y el abono del alquiler de una vivienda en Madrid entre 2019 y 2021 que Ábalos “no habría incluido en sus correspondientes declaraciones fiscales”.

Koldo pide respeto

Koldo García ha llegado al alto tribunal poco antes de las 10.00 de la mañana. Lo ha hecho acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, con quien previamente se había reunido en su despacho de la calle Serrano. De hecho, a las puertas del mismo se han vivido momentos de tensión con los periodistas que le aguardaban en la calle. Koldo, visiblemente nervioso, ha pedido respeto sin responder a las preguntas de si iba a declarar.

Una vez dentro su abogada ha expuesto que no se puede defender sin acceder a todos los teléfonos incautados por la UCO tras su detención en febrero de 2024. La Fiscalía Anticorrupción, que ha llamado la atención ante el hecho de que calle en sede judicial pero luego dé continuas declaraciones en los medios, ha pedido que se le mantenga las actuales medidas cautelares. Siguiendo el patrón defendido para Ábalos, ha dicho que no se han modificado las circunstancias como para apreciar un mayor riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas o de que se vaya a fugar. Sobre esto último ha apelado a su arraigo en España, donde residen su mujer y su hija.

Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, sí han pedido prisión para él, al igual que para su exjefe. Todas a excepción de Adade -asociación vinculada al PSOE- consideran que los nuevos indicios aportados por la UCO abren la puerta a una posible destrucción u ocultación de pruebas. Cabe recordar que la Guardia Civil atribuyó a Koldo en su último oficio el papel de custodio del patrimonio de Ábalos.,