En los últimos años, España ha consolidado un entramado legislativo y judicial que busca combatir los llamados “delitos de odio”. Sobre el papel, la intención es noble: proteger a grupos vulnerables y garantizar que nadie sufra agresiones o discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual o ideología. Sin embargo, la aplicación práctica de estas normas ha abierto un debate cada vez más incómodo: ¿hasta qué punto proteger del odio justifica restringir la libertad de expresión?

La idea de sancionar el discurso de odio nace de una preocupación legítima. En una sociedad plural, es imprescindible trazar límites frente a la violencia y la incitación directa al daño. Pero la frontera entre el discurso que agrede y el que simplemente ofende se ha vuelto difusa. Hoy, un tuit irónico, una letra de rap o un chiste pueden acabar en los tribunales bajo la etiqueta de “odio”. El resultado es un clima de autocensura que empobrece el debate público y erosiona el espíritu democrático.

España es un caso paradigmático. El artículo 510 del Código Penal, reformado en 2015, amplió los supuestos de delito de odio hasta abarcar expresiones que “fomenten, promuevan o inciten al odio” contra grupos por motivos de ideología o creencias. La intención era loable; la consecuencia, más ambigua. El problema es que la interpretación judicial de estos conceptos es tan amplia que permite perseguir no solo el discurso que incita a la violencia, sino también el que simplemente resulta polémico o políticamente incorrecto.

Hemos visto cómo el juicio contra dos sacerdotes y éste que les escribe ha desencadenado una oleada de reacciones dentro y fuera de nuestro país. Desde CNN a Fox News, desde New York Post a Le Figaro, estos y otros medios internacionales han dado la señal de alarma ante el procesamiento de tres ciudadanos por opinar e informar acerca de hechos objetivamente reales, que están relacionados con el islamismo radical y que bajo circunstancia alguna pueden considerarse una amenaza alguien. El cuestionamiento de las reglas de juego democráticas en nuestro país, por parte de algunos de los medios más influyentes del planeta, incluso alertando algunos de ellos de la bolivarización del Estado español, es algo que difícilmente pudo prever la fiscal socialista que instruyó nuestro caso, hoy alto cargo en el Ministerio de Igualdad.

En nombre de la protección frente al odio, se ha terminado castigando la crítica y la denuncis. Y con ello, se ha debilitado el principio de que la libertad de expresión debe proteger, sobre todo, las ideas que incomodan.

El peligro no reside tanto en las leyes en sí, sino en su uso expansivo. Cuando el Estado se erige en árbitro del discurso aceptable, toda opinión pasa a depender del clima político del momento. Lo que hoy se censura como discurso de odio, mañana podría ser una opinión disidente sobre religión, inmigración o política. La historia demuestra que las leyes pensadas para proteger minorías pueden acabar sirviendo para silenciar mayorías.

Defender la libertad de expresión no significa justificar el insulto o la intolerancia. Significa reconocer que en una democracia adulta, las ideas deben combatirse con argumentos, no con sanciones penales. La educación, el debate y la crítica son herramientas mucho más eficaces para erradicar el odio que la represión judicial.

Las leyes contra el odio nacieron con la promesa de protegernos del fanatismo, pero corren el riesgo de engendrar otro tipo de intolerancia: la del pensamiento único. En un país que aspira a la pluralidad, el mayor peligro no es el discurso ofensivo, sino el miedo a hablar.