La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, documentación sobre el caso que empezó apuntando al exministro José Luis Ábalos pero que ya salpica a varios miembros del Gobierno. En esas pruebas figuran conversaciones interceptadas entre los miembros de la red en las que se evidencia que la trama mantenía acceso directo a múltiples carteras ministeriales. Concretamente, se trata de nuevas conversaciones entre los miembros de la red que acreditan que la trama tenía acceso a todos los ministerios

El Debate ha publicado, tras acceder al material policial, los extractos más graves de las nuevas pesquisas de la Guardia Civil. Entre ellas figura una grabación en la que Koldo García asegura que el PSOE respaldaba a Ábalos «aunque hubiera violado a su hija», una confesión que ilustra el nivel de protección política que el exministro seguía recibiendo incluso después de estallar el escándalo. En otra conversación, Koldo revela a Santos Cerdán que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, investigado por las mordidas, «se lleva muy bien con la ministra Montero», en referencia a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, lo que los agentes interpretan como prueba del entramado de favores y conexiones entre ministerios.

El material también detalla cómo Cerdán llegó a sugerir a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que se le concediera a Ábalos una embajada antes de que la UCO desarticulara la trama, lo que denota conocimiento previo del cerco policial. La Guardia Civil, además, ha descubierto conversaciones en las que el propio Ábalos mostraba nerviosismo porque esperaba que alguien le enviara dinero desde Perú: «¿Chimbote ha ingresado?», preguntaba. En otra línea de investigación, los agentes atribuyen a la trama la compra de diamantes con dinero de las comisiones con el objetivo de mantener el valor del capital fuera del sistema bancario. «¿Los mando al ministerio o a casa?», se lee en uno de los mensajes interceptados.

Por si fuera poco, la UCO también ha detectado que Ábalos propuso a su hija Tatiana Ábalos figurar como testaferro en Fiadelso, una ONG de su propiedad que usó la red para blanquear mordidas. El colofón de esta secuencia de pruebas lo aporta la Guardia Civil al descubrir recibos bancarios que acreditan que se ingresaron fajos de billetes a nombre del exministro con dinero procedente del mismo circuito de comisiones.

Montero, señalada

Uno de los nombres que más resalta en el informe es el de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Herrero aparece vinculado como pieza central en la conexión entre la trama y el Consejo de Ministros. Según los investigadores, ejercía de puente con los ministerios, ya que, entre las pruebas que obran en poder de los agentes, los miembros de la red afirman que tiene contactos al más alto nivel e incluso, en una de las conversaciones, que su red le otorgaba «acceso a cualquier ministerio». Esa afirmación no es baladí ya que la UCO entiende que lo que en apariencia era una jactancia constituye una confesión del modus operandi de la trama.

La alusión a Montero apunta a que los miembros de la trama consideraban que la ministra de Hacienda era alguien con quien conversar o, incluso, disponer de influencias. Esa vinculación refuerza la hipótesis policial de que el brazo corrupto del caso Ábalos no solo giraba en torno al Ministerio de Transportes sino que se extendía y podía llegar a todo el Ejecutivo.

Precisamente, desde que estalló el escándalo, Montero ha tenido tres grandes casos de corrupción: el de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, al que el empresario Víctor de Aldama acusó de haber recibido un sobre con 25.000 euros para aplazar con la Agencia Tributaria una deuda que tenía una empresa de la trama; el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, al que la Fiscalía pide 19 años de prisión por el caso Aznalcóllar, por el que tuvo que dimitir; y el que fuera su número tres, José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que dejó el cargo tras siete años en él a raíz de los reportajes de investigación de El Debate, donde se acreditaba que cobraba comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivar pleitos fiscales, por lo que actualmente le está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

Financiación ilegal

Sánchez citó en el Congreso este miércoles para exculpar al PSOE del delito de financiación ilegal que la página 28 del informe de la Guardia Civil. En cambio, realmente, esa parte del documento describe un mecanismo de posible blanqueo dentro del propio partido. La lectura literal de esa página no exonera al partido sino que describe cómo la trama usó su estructura para canalizar dinero negro mediante el sistema de gastos de representación que luego eran reintegrados.

El documento señala que la UCO analizó los movimientos bancarios del PSOE y de Ábalos constatando que su nómina oficial se ingresaba en una cuenta del partido desde la cual se le abonaba «una cantidad neta inferior a la declarada a la Agencia Tributaria» mientras el resto era retenido por el PSOE. Esa retención fue justificada como «aportaciones internas» de los diputados, pero los agentes descubrieron que parte de esos fondos se destinaban a devolver a Ábalos gastos personales y dietas no registradas ante Hacienda.

En términos técnicos, la Guardia Civil describe así un circuito económico cerrado entre el partido y el investigado: dinero que entra con apariencia de legalidad se mezcla con aportaciones ordinarias y sale en forma de reintegros personales. Sánchez trató de presentar esa observación como prueba exculpatoria cuando, en realidad, el documento detalla una operativa de circulación interna de fondos opacos.