Ignacio Andrade.- España debe estar en guardia. Lo que ha salido a la luz en la investigación de la UCO sobre José Luis Ábalos —la llamada trama Koldo— no es un episodio menor de desorden contable, ni un escándalo pasajero. Es algo que huele a corrupción estructural, a actitud impune, a que el poder ha sido entendido como reparto de sobres y claves para camuflar transacciones opacas. Y ya no es suficiente que se limiten a negar. Porque los hechos pesan.

Estos son algunos de los elementos descubiertos y verificados hasta ahora:

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha hallado gastos sin justificación bancaria por valor de más de 95.000 euros realizados por Ábalos entre 2017 y 2021, período en que ocupaba cargos decisivos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

En ese mismo informe patrimonial, se detectan ingresos en efectivo no declarados, unos 60.000 euros aproximadamente entre 2018 y 2022, de los cuales unos 17.000 euros carecen de documentación que identifique quién los depositó.

Según la UCO, Ábalos, su exasesor Koldo García, y Patricia Úriz (pareja del asesor) utilizaban un lenguaje cifrado para referirse al dinero en billetes altos: “chistorras” (billetes de 500 euros), “soles” (200 euros), “lechugas” (100 euros), y el término “folios” o “cajas de folios” como referencia genérica al efectivo.

Además, hay comunicaciones –mensajes intervenidos– en los que se organizaban entregas de estos sobres recogidos en Ferraz (sede del PSOE) con cantidades que no se corresponden con lo declarado. La UCO considera que esto evidencia intención deliberada de ocultar.

Ábalos ha declarado públicamente que él no ha hablado “en su vida” de chistorras, que justificará sus ingresos, y que hay “muchos errores” en las acusaciones.
heraldo.es

Por qué esto no es solo otro escándalo más. Por qué no se trata únicamente de cifras o de volúmenes: lo que estremece es el modus operandi y lo que revela sobre la cultura política:

Lenguaje cifrado: usar palabras corrientes como si fueran jergas codificadas para referirse a billetes demuestra que los implicados sabían que lo que hacían no era legal o al menos no era transparente. “Chistorras”, “soles”, “lechugas”… no son metáforas inocentes, sino señales de una operación pensada para engañar.

Opacidad deliberada: los gastos sin respaldo bancario, los ingresos en efectivo, los sobres recogidos en Ferraz, todo indica que existían rutas alternativas de financiación o de mantenimiento de fondos fuera del control institucional. Eso socava la democracia, deteriora la confianza y debilita los mecanismos de fiscalización.

Responsabilidad política: Ábalos fue ministro, secretario de Organización del PSOE, una figura con alta exposición pública y con responsabilidades clave. Si se confirma que lideraba —o al menos consentía— un esquema de comisiones, financiación irregular o contabilidad paralela, la responsabilidad no puede esquivarse con excusas burocráticas.

Daño institucional: este caso no solo involucra a una persona, involucra criterios elementales de transparencia, legalidad y ética pública. Cada tarde que esto permanezca sin esclarecer, cada evasiva de rendición de cuentas, añade una cicatriz al sistema político y democrática española.

¿Qué tiene que pasar ya?

Aquí no se trata solamente de acusar, sino de exigir:

Que la investigación judicial avance con celeridad y rigor. Que el Tribunal Supremo y los juzgados encargados actúen sin cortapisas políticas ni mediáticas.

Que se haga pública toda la documentación posible —sin vulnerar los derechos constitucionales— para que la ciudadanía pueda seguir paso a paso qué se investiga y cómo.

Que si se confirma que existe financiación ilegal, sobornos, contratos amañados u otra forma de corrupción, los responsables respondan ante la Justicia con todas las consecuencias.

Que el PSOE, como fuerza política, no se limite a negaciones genéricas sino que facilite que se aclare todo, que depure las responsabilidades internas si las hubiere, y que recupere —si quiere— credibilidad.

Si esta trama queda impune, se envía un mensaje grave al país: que quienes llegan a lo alto pueden permitirse tener dos bolsillos: uno “legal” para la foto y la rendición de cuentas pública, otro oculto, en clave (“chistorras”, “lechugas”) para lo que no quieren que se vea.

No es solo un asunto de corrupción que roza lo grotesco, es un problema de legitimidad del sistema. Y España, en un momento de desafección política visible, no puede permitirse que esto se convierta en otro capítulo más de cinismo institucional.