AD. -El Gobierno ha vuelto a confundir el deber diplomático con el patrocinio ideológico. España ha costeado, con dinero público, el regreso de los activistas de la flotilla pro-Gaza detenidos en Israel – unos 8.000 euros de fondos del Estado-, entre ellos la exalcaldesa Ada Colau. Lo que se presenta como un gesto humanitario es, en realidad, una concesión política que convierte al contribuyente en financiador involuntario de causas particulares.

La falsa generosidad del Estado

No se discute el derecho de todo ciudadano a recibir asistencia consular. Pero una cosa es la protección básica ante una detención, y otra muy distinta que el Gobierno pague los billetes de vuelta de quienes, con plena libertad, deciden embarcarse en una misión de alto riesgo y evidente sesgo ideológico. Lo que para ellos es una causa, para el resto de los españoles es una factura.

El Ejecutivo alega que la medida fue “por motivos humanitarios”. Sin embargo, resulta difícil creer que el criterio sea puramente técnico cuando los beneficiarios son figuras de relevancia política o mediática, y no ciudadanos anónimos atrapados en conflictos menos rentables para la foto.

Un precedente peligroso

El Estado no puede —ni debe— actuar como ONG ideológica. Al asumir costes derivados de una acción de militancia, sienta un precedente inquietante: ¿también se financiará la repatriación de cualquier español que participe en una protesta internacional, sin importar su signo político? ¿O solo los afines al Gobierno de turno tendrán ese privilegio?

El principio de neutralidad institucional queda herido cuando el dinero del erario se emplea para reforzar el discurso político de una parte. El gesto, además de injusto, erosiona la confianza de los ciudadanos en que todos somos iguales ante el Estado.

El precio del postureo

No es cuestión de ocho mil euros, sino del mensaje que se envía. Mientras millones de familias afrontan impuestos récord y servicios públicos saturados, el Gobierno decide gastar recursos comunes en rescatar a activistas que deliberadamente se pusieron en riesgo. Un gesto de propaganda revestido de solidaridad.

En política, como en la vida, los actos tienen consecuencias. Si alguien viaja a una zona de conflicto por convicción, merece respeto. Pero ese respeto no implica que los demás debamos pagarle el billete de vuelta. Las convicciones, por definición, se sostienen con coherencia y responsabilidad personal, no con dinero ajeno.

España debe proteger a sus ciudadanos, sí, pero también respetar a sus contribuyentes. La solidaridad no se mide por el dinero que el Estado gasta en sus afines, sino por la seriedad con que aplica la ley y la equidad con que trata a todos. Cuando el Gobierno convierte la diplomacia en escaparate ideológico, pierde el Estado y pierde el contribuyente.

Porque al final, como siempre, quien paga el gesto es usted.