La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Función Pública, en el circuito de pagos con los que se nutrió la trama que investiga el Tribunal Supremo por corrupción. Tal y como ha podido saber El Debate, el informe policial incorpora abundante material extraído de los dispositivos intervenidos a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y refleja «una connivencia operativa y sostenida» entre Torres, entonces presidente de Canarias, y el entorno del Ministerio de Transportes durante la tramitación de los contratos de emergencia por mascarillas de los que se desviaron fondos para el pago de comisiones ilegales.

Según la documentación con la que los agentes trabajan desde hace meses, Torres participó activamente en la agilización de los pagos a la empresa adjudicataria a pesar de que los procedimientos estaban pendientes de revisión técnica. Los investigadores sostienen que el presidente intervino directamente en los mecanismos administrativos y que, en concreto, adelantó órdenes de pago, confirmaciones del Tesoro autonómico y comunicaciones internas que acababan siendo retransmitidas por Koldo García a terceros. Uno de los elementos clave del expediente policial son los mensajes cruzados entre ambos durante el verano y el otoño de 2020. En ellos se aprecia que Torres asumió el papel de enlace entre el Gobierno canario y el Ministerio de Ábalos, despachando asuntos que deberían haberse gestionado en los niveles técnicos de la Administración.

El 1 de julio, Torres escribió a Koldo: «Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo». Acto seguido, le aseguraba que debía estar «tranquilo» porque estaba gestionando el asunto «con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad». Apenas un mes después, el 30 de julio, Torres vuelve a contactar con García para informarle de la resolución del expediente: «Asunto resuelto. Se ha dado orden de pago y el consejero ya está». En su respuesta, Koldo le pide verse personalmente insistiendo en la familiaridad con la que ambos trataban un tema estrictamente administrativo. Para la UCO, estos mensajes revelan un nivel de implicación inusual de un presidente autonómico en los cobros de un adjudicatario, además de un canal de comunicación opaco y ajeno a los procedimientos oficiales.

El intercambio continuó durante los meses siguientes. El 3 de agosto, Koldo volvió a insistirle por el retraso de los pagos: «Muy buenas, perdona que te moleste, pero me llamaron diciéndome que no tienen nada todavía, me dicen que el sistema sigue igual». Torres contestó apenas un minuto después: «Estoy con el consejero de Sanidad. Está resuelto». Esa inmediatez, según el material analizado por la UCO, confirma que las gestiones se realizaban al margen de los cauces administrativos ordinarios y con una celeridad incompatible con el procedimiento reglado de pagos públicos. El informe también recoge la remisión de documentación interna del Gobierno de Canarias en formato PDF a través de los canales de mensajería que controlaba Koldo García. Entre esos documentos figuran órdenes de pago y comunicaciones de la Viceconsejería de Hacienda en las que se detallaban las fechas exactas de abono y la tramitación de los expedientes.

Una comisión de 50.000 €
En uno de ellos, el alto cargo autonómico escribió: «Pagado hoy. Les llegará a la empresa mañana o el lunes». La UCO subraya que ese tipo de información constituye «documentación reservada» y que su difusión a agentes externos vulnera los principios básicos de confidencialidad administrativa. Los investigadores apuntan a que la estructura dirigida por Torres actuó como una oficina de pagos paralela al servicio de los intereses del Ministerio de Transportes. El entonces presidente no solo supervisó los plazos sino que transmitía actualizaciones y presionaba para que las facturas se resolvieran con prioridad frente a otros contratos pendientes. En otro mensaje, Torres escribió: «Los cinco millones restantes los está arreglando Olivera para pago inmediato», en alusión al entonces viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, hoy director del Gabinete del propio ministro.

La cadena de comunicaciones concluye a comienzos de noviembre de 2020, cuando Torres comunicó a Koldo que ya disponía «del informe favorable definitivo de las mascarillas». Para la UCO, esa frase refleja que el expediente administrativo fue tutelado políticamente desde la Presidencia, un comportamiento «anómalo e impropio» en una contratación pública. El material bajo análisis, además, incluye indicios de que Koldo García solicitó contraprestaciones económicas por esas gestiones. Según las fuentes consultadas, los agentes han verificado referencias a una comisión de 50.000 euros que habría sido reclamada como compensación por «acelerar los pagos» durante los meses más críticos de la pandemia. De hecho, el pago de esta mordida, que finalmente no se entregó, fue desvelado por el empresario Víctor de Aldama, aunque Torres siempre los ha negado alegando que, si se demostrara lo contrario, «tendría que irse».

Una de las conversaciones más simbólicas, publicada por El Mundo, recoge al propio Torres asegurando que, tras ordenar los pagos, «dormiría mejor». Para los agentes, esa frase refleja «la implicación personal del presidente en un proceso de cobro que debió mantenerse bajo estricta tramitación administrativa». El comportamiento del entonces presidente se enmarca en lo que la Guardia Civil describe como «una colaboración directa y continuada con un intermediario sin rango ni competencia administrativa». Es decir, Torres habría otorgado a Koldo García una interlocución privilegiada dentro del Gobierno canario al margen de cualquier cauce formal. Los agentes consideran acreditado que el actual ministro facilitó información, documentación y órdenes de pago que permitieron a la trama cobrar más de 12 millones de euros en tiempo récord.

El Debate