García Magán (i) y Omella (d)

AD.- En pleno siglo XXI, cuando las voces claman justicia y transparencia, la Conferencia Episcopal española guarda un silencio incómodo, doloroso y cómplice. El caso del Padre Custodio no es solo un asunto aislado: es un espejo oscuro donde se refleja la crisis moral de una institución que se dice guardiana de la fe y de los valores.

El silencio no es neutral. Cada día que pasa sin una declaración clara, sin una acción decidida, es un día más en que se fortalece la percepción pública de que la Iglesia protege más su imagen que a las víctimas. Ese mutismo no es prudencia: es cobardía. No es discreción pastoral: es abandono. Y no hay discurso eclesial que lo pueda disfrazar.

Y en el caso más elocuente de deserción ética ante un deber moral nos lo ofrece el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.

El pasado 1 de octubre se celebró un juicio en la Audiencia Provincial de Málaga contra el sacerdote catalán Custodio Ballester, quien se enfrenta a tres años de cárcel acusado de islamofobia por alertar acerca de los peligros del yihadismo radical. Junto a él fueron también juzgados el sacerdote octogenario Jesús Calvo y el director de AD, Armando Robles.

El portavoz de los obispos españoles escurrió el bulto al ser preguntado por este caso y se limitó a decir que la “responsabilidad directa” corresponde al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, porque el sacerdote Custodio Ballester pertenece a dicha archidiócesis. Para redondear su cobardía, el prelado  instó a los jueces a dictaminar si ese ejercicio de libertad de expresión ha sobrepasado los límites.

Lamentablemente, el portavoz de la CEE no observó la misma deferencia con el Ayuntamiento de Jumilla, representante legítimo de la voluntad popular, cuando en una sesión plenaria aprobó la prohibición de rezos islámicos en instalaciones municipales. Entonces los obispos se posicionaron en contra de la medida y ofrecieron a los musulmanes de aquel municipio el afecto y el apoyo que ahora le niegan a su propia grey

La actitud del portavoz de los obispos sirvió para medir lo contrario de lo que debe exigirsele a un representante de la Iglesia de Cristo: la ausencia de coraje, el cálculo político disfrazado de prudencia, la obediencia ciega al poder eclesiástico por encima de la verdad evangélica.

Mientras la Iglesia española se desangra entre escándalos, deserciones de fieles y una pérdida de autoridad moral sin precedentes, García Magán se ha convertido en el símbolo de una jerarquía paralizada por el miedo. Su actitud ante el caso del Padre Custodio Ballester es una muestra dolorosa de esa enfermedad institucional: un silencio frío, cobarde y cómplice ante la marginación de un sacerdote cuya única “culpa” ha sido hablar con libertad y fidelidad al Magisterio.

En tiempos de confusión moral, la valentía no se mide en palabras medidas ni en comunicados asépticos. Se mide en gestos. El portavoz episcopal, cuya misión debería ser dar la cara por la verdad, ha optado por el camino más fácil: el de no molestar a nadie, el de cuidar su imagen pública, el de proteger a una cúpula que prefiere callar antes que afrontar sus contradicciones. En sus declaraciones, todo es ambigüedad, todo es cálculo, todo es diplomacia. Ni una palabra de apoyo, ni un gesto de empatía hacia un sacerdote perseguido por decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a pronunciar.

Pero la cobardía institucional tiene consecuencias. Cuando los portavoces callan, los fieles se alejan. Cuando los prelados se esconden, los templos se vacían. El pueblo cristiano no necesita burócratas en sotana ni relaciones públicas con alzacuellos: necesita pastores valientes, que hablen claro, aunque incomode, aunque cueste.

García Magán ha demostrado que no está dispuesto a asumir ese papel. Prefiere ser el guardián del equilibrio interno antes que la voz de la conciencia católica. Su silencio ante el Padre Custodio no es neutralidad; es renuncia a la verdad. Y cuando quien debería ser portavoz se convierte en portavoz del silencio, la Iglesia pierde no solo credibilidad, sino alma.

La sociedad española —y el mundo— vive un despertar ético. La transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la verdad son exigencias legítimas. Frente a ello, la Conferencia Episcopal mantiene un mutismo que resulta atronador. No basta con gestos mínimos o declaraciones tibias: se requiere valentía. Valentía para mirar a los ojos de las víctimas. Valentía para reconocer errores. Valentía para limpiar su casa desde dentro.

La Iglesia tiene derecho a defender a sus miembros, sí. Pero ese derecho se vuelve perverso si significa silenciar a quienes exigen justicia. El silencio prolongado no solo pone en entredicho la credibilidad de la institución: hiere profundamente a los fieles, a la sociedad y al propio espíritu cristiano. Porque callar ante la injusticia es traicionar la misión que proclama.

La Conferencia Episcopal debe entender que el verdadero acto de fe no es protegerse a sí misma, sino afrontar con coraje sus sombras. El caso del Padre Custodio exige una respuesta clara, contundente y pública. Un silencio continuado es una condena moral más grave que cualquier otra.

No podemos permitir que el silencio se convierta en una sentencia definitiva. La historia recordará a quienes callaron, y no será con benevolencia.