¿Qué límites debería tener las restricciones informativas que no vulneran ningún artículo del Código Penal? Pongamos que hablamos de los delitos de inducción al odio. Si yo odio el desorden, la violencia, la corrupción, la delincuencia… ¿me convierte ello en un peligro social? Si yo amo la molicie, la pereza, la invasión de vagos y maleantes… ¿me convierto en un ejemplo social? Si yo denuncio a los musulmanes yihadistas por basar el seguimiento de su doctrina en un libro que contiene más de 100 aleyas (versículos) que predican la violencia… ¿estoy predicando el odio?

Así, si se ataca a un senegalés y se le abre una brecha en la frente es un delito de lesiones, exactamente igual que si alguien les ataca a ustedes y les abre la cabeza, aunque sean de Cuenca. Pero en estos momentos, una riña con un senegalés es “xenofobia” y con uno de Cuenca es una riña. Supuestos idénticos, pero distinto tratamiento jurídico.

Sea cual fuere la orientación sexual, la raza, la religión, la ideología o la clase social, los hechos son los hechos, el delito es el delito y las penas a aplicar han de ser las mismas.

De lo contrario, la amplia parafernalia ‘buenista’ que rodea al “odio”, a fuerza de excesos, puede derivar en una especie de patología de la compasión y en arbitrios enfermizos que representen una flagrante inseguridad.

Comprendo los esfuerzos de los gobernantes en su exaltación histriónica de “la corrección política” para proteger a lo que ellos consideran “minorías” desde una perspectiva paternalista y de evidente “superioridad moral”. Pero rizar el rizo en estos temas, “adivinando” los sentimientos más íntimos de un agresor o de un delincuente, es decir, si se mueve por “odio” o por simple maldad, es algo extremadamente delicado y que requiere de la psiquiatría forense más que de la opinión subjetiva de un juez instructor o de un fiscal.