Ana Samboal.- Como Jaume Matas, como Carlos Fabra o Paco Camps, muy probablemente Begoña Gómez será sometida al veredicto de un jurado popular. Como Imelda Marcos o Elena Bonilla, esposas de presidentes americanos degenerados en caudillos, tendrá que responder de sus actos ante los ciudadanos. En un solo auto, el juez Juan Carlos Peinado ha cortocircuitado cualquier acusación adicional de lawfare, que lleva ya unas cuantas en la mochila. A punto de finiquitar la investigación, advierte que se lava las manos. Es pura justicia poética: el que se autodenominó gobierno de la gente, acabará en manos de la gente. No en las urnas, como pretendían, sino en los tribunales.

El concepto que tienen de sí mismos es el origen de sus pecados. Emborrachados de superioridad moral, convencidos de estar siempre en el lado correcto de la historia, digan una cosa o la contraria, han hecho de su capa un sayo, usando el poder a beneficio propio porque creen que es suyo por derecho y no prestado. De esa soberbia, de esa concepción patrimonialista de las instituciones se derivan todos sus pecados, porque ampara por igual el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la malversación o la supina y generalizada vagancia. De todo hay en este ejecutivo, familias incluidas, porque esto era para todos, porque no es Begoña la primera ni la única beneficiaria. A los maridos de muchas ministras les ha cambiado la vida el ascenso de sus parejas. Si algo da el gobierno, es cargos para repartir.

Pero nunca habíamos llegado tan lejos. Esta degeneración en el uso de lo que es de todos apela tanto a Pedro Sánchez, que es el que nombra, permite, ampara o facilita, aquel que con su nombre abre las puertas que para todos los demás están cerradas, como a todos aquellos que lo ampara o toleran. Una sociedad civil sana, con unas mínimas exigencias éticas, jamás permitiría a un presidente del Gobierno permanecer en su puesto con su mujer y su hermano a punto de tomar asiento en el banquillo de los acusados por abusar de su condición de familiares. Se invocará a la presunción de inocencia, pilar de la democracia, pero, resulten absueltos o condenados, hay conductas que resultan inadmisibles en un responsable público y, por extensión, en su entorno más inmediato. ¿Con qué autoridad apelará el Gobierno a los ciudadanos para cumplir con sus deberes públicos cuando usa y abusa de lo que sostenemos y financiamos todos como si le perteneciera en exclusiva por derecho natural?

Lo que no toleraríamos a ningún pariente no podemos permitírselo a quien pagamos salario, casa, comida y transporte para gestionar la administración del patrimonio común. Si no es por imposición de usos y costumbres, tendrá que ser por ley, pero urge una regeneración democrática que imponga la decencia en la vida pública. Porque, por más que pretendan distraernos con campañas de manipulación masiva y estrategias de ingeniería social, el hedor que desprenden cada informe de la UCO, cada auto judicial, resulta cada vez más insoportable.