Isabel Pardo de Vera

Ignacio Andrade.- El Caso Koldo ha sacado a la luz uno de los episodios más turbios recientes de la gestión pública en España: con nombres, apellidos, audios, grabaciones, indicios que apuntan a adjudicaciones irregulares, tráfico de influencias, sospechas de malversación… Y uno de los nombres que emerge con más fuerza es el de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes. Lo que sigue es un repaso crítico a lo que se conoce, lo que se investiga, lo que parece sine qua non exigir explicaciones y responsabilidades urgentes.

Hay varios elementos claros, avalados por documentos de la UCO, autos judiciales y pronunciamientos fiscales, que fundamentan las sospechas:

 El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputó a Pardo de Vera el 20 de mayo de 2025 por la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Específicamente por posible malversación y tráfico de influencias.

Grabaciones con conversaciones reveladoras

Un audio intervenido de noviembre de 2020 donde Koldo García le pide a Pardo de Vera que adjudique una obra a la empresa LIC (Levantina Ingeniería y Construcción). Ella responde algo como: “Le hemos dado una de 700.000 hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo”.

En esos mismos informes de la UCO aparecen mensajes que parecen demostrar presiones para adjudicar contratos a dedo, o al menos con favoritismo claro hacia ciertas constructoras vinculadas a la trama.

Obras millonarias adjudicadas bajo sospecha

Dos obras por más de 70 millones de euros habrían sido adjudicadas con intervención de Pardo de Vera, tras “indicaciones” del asesor Koldo García. Por ejemplo, la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) por más de 71 millones, donde se dice que Acciona fue seleccionada aunque su oferta económica no era de las más bajas.

Repetidas adjudicaciones a empresas como LIC, Levantina, Acciona, etc. en condiciones que, según los informes de la Guardia Civil, levantan sospechas.

Contratación de personas sin actividad real

El caso más mediático es el de Jésica Rodríguez, contratada en Ineco y Tragsatec, percibió salario por más de dos años sin realizar actividad laboral clara, según se ha declarado.

Hay testimonios de ex altos cargos de ADIF que vinculan su ingreso al círculo político de Ábalos; que fue efectiva la influencia de Koldo García para gestionarla.

Las preguntas que Pardo de Vera debe responder

Teniendo en cuenta estos hechos, surgen preguntas esenciales que no pueden seguir sin respuesta:

¿Hasta qué punto sus decisiones al mando de ADIF (y en su rol en Transportes) respondían a criterios técnicos vs. presiones políticas o favores personales?

¿Por qué permitió o sostuvo contrataciones de personas que, según declaraciones, no realizaron actividad laboral real? ¿Quién supervisaba su desempeño o existencia de laborada?

¿Cómo se explican adjudicaciones aparentemente favorecidas de empresas vinculadas al círculo de Ábalos / Koldo García si se alegaba que no hubo presiones? Los audios parecen demostrar lo contrario.

En el caso de la obra de Sant Feliú de Llobregat, Acciona obtuvo la puntuación técnica más alta aunque no tenía una oferta económica muy competitiva. ¿Fue justo el procedimiento de valoración? ¿Hubo irregularidades en las bases, en los criterios técnicos, en la opacidad de los informes?

En las licitaciones de emergencia, ¿cómo se justificaron técnicamente los motivos de urgencia? ¿Se usaron esas emergencias para saltarse controles o para adjudicar con menor escrutinio?

Si lo que se sospecha es cierto, no estamos ante un “error aislado”, sino ante un entramado sistemático de favores, influencias políticas y adjudicaciones que podrían haberse hecho con intención de beneficiar a determinados intereses. Eso socava la credibilidad del sistema público para adjudicar obras.

Contratar a una persona para que cobre sin trabajar es no solo una injusticia, es malversación. Si se comprueba, significa que fondos que deberían ir al ciudadano se desvían a redes de complicidad.

Casos así erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en la imparcialidad del Gobierno, en la transparencia. Si la ciudadanía percibe que detrás de cada licitación hay un trasfondo de “favor político”, el clima de sospecha se amplía, y la política se degrada.

Si estas prácticas se toleran, si no hay sanciones ejemplarizantes, se normaliza la corrupción menor (y la mayor). Eso abre la puerta a que otros cargos públicos imiten patrones similares bajo la lógica de “esto lo hacen todos”.

Con base en lo que se conoce, Pardo de Vera está en una posición especialmente problemática:

Como máxima responsable de ADIF, tenía la responsabilidad de asegurarse de que los procesos de adjudicación públicos cumplieran no solo la legalidad, sino también los principios de transparencia, igualdad de acceso y eficiencia. Si hubo adjudicaciones bajo influencia, ella está directamente implicada.

Su defensa ha sido parcialmente reactiva: alegar “presiones”, “urgencias”, “contexto de pandemia”, etc., como atenuantes. Pero esas justificaciones no borran los indicios concretos de grabaciones, mensajes, registros, testimonios.

Hay una expectativa alta sobre la rendición de cuentas: su rol público no le permite esconderse detrás de “lo desconocido” o “no fui yo”. Las pruebas apuntan a una relación de acción (no solo permisiva) con las presiones de Koldo García, y con el exministro Ábalos.

El Caso Koldo será recordado (y debe recordarse) como una prueba de fuego para el sistema de control y transparencia en las adjudicaciones públicas en España. El hecho de que nombres como Pardo de Vera estén en el centro no es casualidad: muestran cómo se concatenan poder político, influencia informal, empresas beneficiadas, y decisiones que se traducen en contratos multimillonarios.

Isabel Pardo de Vera tiene delante no solo una investigación judicial, sino una revisión moral pública: de su capacidad para justificar decisiones, de su responsabilidad en los daños institucionales, y de si su papel fue el de una gestora sometida a presiones o el de una pieza activa en una red de favoritismos. Si no se esclarece todo, implica una herida profunda en la legitimidad del gasto público, la confianza ciudadana y los principios fundamentales del estado de derecho.