María Teresa Verdugo, a la izquierda, junto a la incompetente ministra de Igualdad, Ana Redondo.

AD.- El reciente nombramiento de María Teresa Verdugo Moreno como presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobado por el Consejo de Ministros, ha generado inquietud en diversos sectores que han sido objeto de sus actuaciones como fiscal. Su trayectoria como fiscal delegada de Delitos de Odio en Málaga desde 2011 la posiciona como una de las figuras más veteranas en la aplicación de esta controvertida categoría penal en España.

Este ascenso institucional, enmarcado en la Ley Zerolo, otorga a Verdugo Moreno un poder significativo para investigar, mediar y promover acciones judiciales en casos de discriminación. Sin embargo, su historial plantea serias dudas sobre la imparcialidad y el respeto al debido proceso que deberían caracterizar a una autoridad que se autodenomina “independiente”.

Un pasado que no se puede ignorar

Entre los casos más polémicos que marcaron su gestión como fiscal de odio se encuentra la instrucción contra el P. Custodio Ballester, el sacerdote Jesús Calvo y el periodista Armando Robles. En este proceso, Verdugo Moreno no solo omitió interrogar personalmente a los acusados, sino que desestimó las explicaciones presentadas por la defensa y solicitó las penas máximas sin matices ni consideración por el contexto. La displicente actitud de la fiscal fue denunciada públicamente por el P. Custodio, y a través de Hazteoir, en una sesion del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

La acusación, instada por los protalibanes de la “Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia”, se centró en presuntos delitos de odio, una figura jurídica que, en manos de fiscales como Verdugo, ha sido utilizada de forma expansiva y, según críticos, ideológicamente sesgada. La falta de diálogo con los acusados y la negativa a considerar sus argumentos evidencian una instrucción marcada más por el prejuicio que por la búsqueda de justicia.

¿Independencia o continuidad de una agenda?

La “Autoridad Independiente” que ahora preside la ex fiscal Verdugo Moreno tiene como objetivo ofrecer asistencia a víctimas de discriminación, investigar situaciones graves y promover reformas normativas. Pero cuando quien lidera este organismo ha demostrado una inclinación por perseguir determinadas voces sin garantizarles el derecho a la defensa, cabe preguntarse si esta nueva institución será realmente un espacio de protección o un instrumento para consolidar una agenda ideológica coactiva bajo el paraguas de la igualdad.

El caso del periodista Armando Robles y los dos sacerdotes no fue un episodio aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la que el delito de odio se ha convertido en una herramienta para silenciar disidencias, especialmente aquellas que se expresan desde posiciones religiosas, culturales o políticas no alineadas con el discurso oficial.

Un futuro bajo vigilancia

La creación de esta Autoridad, con capacidad para emprender acciones judiciales, instar sanciones administrativas y elaborar estadísticas sobre discriminación, podría ser positiva si se garantiza su neutralidad. Pero con Verdugo Moreno al frente, muchos temen que se repita el patrón de actuaciones unilaterales, sin garantías procesales ni respeto por la pluralidad ideológica.

La memoria de quienes fueron perseguidos sin ser escuchados debe servir como advertencia. La igualdad de trato no puede construirse sobre la base de la exclusión de ciertas voces. Y la no discriminación no puede convertirse en una coartada para discriminar a quienes piensan diferente.